Ante los anuncios hechos por la plenaria del Senado de darle trámite a la apelación que algunas bancadas radicaron por la decisión adoptada por la Comisión Séptima de archivar la Reforma Laboral, el Gobierno nacional solicitó que se dé trámite a la propuesta de la Consulta Popular y no se dilate su votación.
Durante el debate, en el que las bancadas manifestaron su posición frente a la propuesta, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, aseguró que “lo primero que tenemos que hacer es votar la Consulta Popular, es el camino más seguro para garantizar la reforma laboral”.
“La apelación tiene varios inconvenientes.
El primero, se demoraron nueve, hasta diez semanas, para tramitarla, estamos a cinco semanas de que termine esta legislatura y el 20 de junio, por tiempos, hay un enorme riesgo de que esa apelación o que la reforma expire por tiempo y sería un entierro de nuevo, esta vez de quinta, de la Reforma Laboral”, aseguró Sanguino, quien alertó que, ante esta situación, la Consulta puede quedar “en ciernes y a la expectativa de esa apelación”.
Por esta razón, el ministro manifestó que el Gobierno va a “insistir en que se vote la Consulta Popular, se valide, se emita un concepto favorable y, luego, si la plenaria del Senado quiere sacar la apelación y quiere, incluso, hacer caso de coger el mensaje de urgencia a la minireforma laboral del partido Liberal, está en su soberanía”.
En la plenaria del Senado, que se prolongó por más de cuatro horas, los ministros sustentaron la propuesta de la Consulta Popular, con el cual el Gobierno nacional busca convocar a la ciudadanía colombiana a las urnas, para que decidan sobre los temas que fortalecerán y reivindicarán los derechos laborales de los trabajadores del país.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que “la Consulta Popular no es solo un trámite, es la voz del pueblo sobre sus derechos laborales. La lucha por los derechos de los trabajadores sigue viva. Que no la entierren con acuerdos entre pocos”.
“Lo que hemos traído aquí es la Ley 134 de 1994, en la cual dice que, si hay un bloqueo institucional o un conflicto que se deba dirimir entre el Legislativo y el Ejecutivo, está la Consulta Popular. Esta vez, el plus de la Consulta es que haya un electorado. El trabajo tiene que ver con el impacto emocional de una familia”, dijo.
A su turno, el ministro de Trabajo aclaró que “la Consulta Popular no surgió como un capricho del presidente Gustavo Petro, sino como una respuesta a la negativa de reconocer los derechos del pueblo por parte de la Comisión Séptima del Senado. El pueblo colombiano merece expresarse en las urnas”.
“Estamos buscando mejorar las condiciones laborales de las y los trabajadores, proteger el aparato productivo, y promover un crecimiento económico con justicia y dignidad”, anotó. En el debate algunos sectores congresionales llamaron la atención sobre los costos de la Consulta, para lo cual el ministro del Interior enfatizó que “ese es un tema recurrente. Que vale 700 mil, que vale 800 mil; cada vez que oigo una entrevista le suben 100 mil millones de pesos. La democracia no es barata; las dictaduras sí lo son. Cualquier peso que usted le invierta a la democracia, siempre será preciado”.
Sustentó que “hay dos modelos de Estado: uno, en el que ganan los fuertes, y otro modelo, en el que si los débiles van al libre mercado son los que van a perder. Queremos que sean los pobres quienes accedan a un mínimo social. Eso queremos con esta Consulta”.
Ante las diferencias planteadas, el llamado que hizo el Gobierno es que la propuesta de la Consulta Popular sea respaldada por los parlamentarios y, una vez esto ocurra, el presidente de la República, Gustavo Petro, definirá la fecha para la votación de la Consulta Popular por parte de la ciudadanía, que podrá realizarse a los tres meses siguientes de su aprobación en el Senado de la República.
Con información de los ministerios del Interior y Trabajo
