El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, condenó enérgicamente el atentado terrorista perpetrado en el departamento de Caquetá, donde fue incinerado un bus intermunicipal y perdió la vida un suboficial del Ejército Nacional. Según el alto funcionario, las autoridades ya están en proceso de verificación para determinar si los responsables serían integrantes de las disidencias de las FARC, específicamente del grupo liderado por alias ‘Calarcá’.
El trágico hecho ocurrió en una vía del sur del país, cuando hombres armados interceptaron el vehículo de transporte público, obligaron a descender a los pasajeros y luego le prendieron fuego. Dentro del bus se encontraba un sargento del Ejército, quien no logró salir y murió calcinado.
«Una de las hipótesis que manejamos es que el suboficial, al percatarse de la situación, se refugió en el baño del vehículo. Tal vez por temor a que lo pudieran secuestrar o asesinar en caso de ser identificado, decidió no salir», explicó el ministro Sánchez en una declaración pública.
El Ministerio de Defensa está trabajando en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y las Fuerzas Militares para esclarecer los hechos y dar con los autores materiales e intelectuales del crimen. De confirmarse la participación de las disidencias de alias ‘Calarcá’, este hecho se sumaría a una serie de ataques recientes atribuidos a ese grupo armado ilegal en la región del Caquetá.
«Este acto cobarde y atroz no quedará impune. Vamos a reforzar la presencia militar en la zona y seguiremos avanzando en la ofensiva contra quienes pretenden sembrar el terror», añadió el ministro.
Las autoridades también están brindando acompañamiento psicológico a los pasajeros que lograron salir del bus antes del incendio, muchos de los cuales fueron testigos del dramático momento.
El asesinato del sargento ha generado una ola de rechazo en distintos sectores de la sociedad y del Congreso, donde se ha exigido una respuesta contundente del Estado. Por su parte, organizaciones de derechos humanos han pedido que se respeten los principios del derecho internacional humanitario y que se garantice la seguridad de la población civil en las zonas de conflicto.
Este nuevo episodio de violencia pone nuevamente en evidencia la fragilidad del control estatal en zonas rurales donde operan disidencias armadas y subraya la necesidad urgente de avanzar en una estrategia de seguridad integral para proteger la vida de civiles y militares por igual.
