La decisión de la Corte Suprema de Justicia de ordenar la libertad inmediata del exsenador Ciro Ramírez, procesado por el escándalo de corrupción conocido como Marionetas 2.0, ha generado profundo malestar y serias dudas sobre la integridad del proceso judicial. La Sala de Primera Instancia consideró que ya no existe riesgo de afectación al proceso penal. Sin embargo, la realidad dista mucho de ser tan simple.
Ciro Ramírez, figura del Centro Democrático, es señalado de liderar una presunta red criminal que manipuló contratos del Departamento para la Prosperidad Social (DPS), una entidad clave para la atención a poblaciones vulnerables. El hecho de que hoy recupere su libertad antes del fallo condenatorio o absolutorio resulta, cuando menos, alarmante.
Más aún cuando el magistrado Ariel Augusto Torres, en un valiente salvamento de voto, advirtió lo que muchos piensan pero pocos dicen: Ciro Ramírez representa un peligro para la sociedad. Según su postura, el regreso del exsenador a la libertad puede facilitar la reorganización de estructuras criminales que, desde el poder político, saquearon recursos públicos.
“De retornar a la libertad, su agrupación criminal podría reorganizarse para continuar ejecutando actividades ilícitas contra la administración pública”, alertó el magistrado Torres, en un pronunciamiento que contrasta de forma radical con la tibieza de la decisión mayoritaria.
¿Se están normalizando los privilegios judiciales para los poderosos?
¿Cómo se explica que un hombre acusado de corrupción estructural, aún sin una sentencia definitiva, recupere su libertad mientras el país exige justicia ejemplar?
El mensaje es inquietante: si se tiene poder político, el camino a la impunidad parece estar asfaltado.
El país merece algo más que tecnicismos jurídicos. Merece que quienes traicionan la confianza pública respondan plenamente ante la justicia. Y sobre todo, merece saber por qué una advertencia tan seria de un magistrado fue ignorada por el resto de la Corte.
