El Presidente colombiano intensifica su confrontación con el excanciller, a quien acusa de promover un acuerdo con sectores extremistas y grupos armados.
La disputa entre el presidente Gustavo Petro y su excanciller Álvaro Leyva Durán escaló a un nuevo nivel este martes, luego de que el mandatario anunciara que solicitará una audiencia con la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, para presentar lo que califica como “pruebas” de presuntos actos de sedición cometidos por Leyva.
A través de un mensaje publicado en su cuenta de X (antes Twitter) a la 1:27 a.m., Petro afirmó: “Quiero presentarle las pruebas a la fiscal general de la Nación, ojalá mañana mismo, que muestran los actos de sedición de lo que Leyva llama ‘acuerdo nacional’”. En ese mismo mensaje, el jefe de Estado hizo referencia a los señalamientos de drogadicción lanzados en su contra, afirmando que esta será “otra prueba para los amigos de Leyva”.
Según el Presidente, la propuesta del excanciller, que ha sido presentada públicamente como un llamado a un “acuerdo nacional”, en realidad incluiría la participación de “grupos de extrema derecha y grupos armados en guerra”, a quienes —asegura— Leyva ha involucrado junto a “personas muy conocidas”. Petro también afirmó que en dichas reuniones habría participado el congresista estadounidense Mario Díaz-Balart, aunque este último, según el mandatario, “ahora lo niega”.
En respuesta, Álvaro Leyva Durán difundió este martes una nueva carta en la que insistió en que el Presidente sufre presuntos problemas de drogadicción. En el documento, el exministro relata una serie de episodios en el extranjero —incluyendo París, Berlín, Santiago de Chile y Beijing— donde, asegura, Petro habría incumplido sus funciones por encontrarse bajo los efectos de sustancias psicoactivas. Entre las afirmaciones más delicadas, Leyva sostiene que durante una visita oficial a China, Petro “ignoró” al presidente Xi Jinping.
Durante un evento público, Petro reaccionó duramente a las acusaciones, calificando a Leyva de “mentiroso” y llamándolo “viejo decrépito”.
Este cruce de acusaciones marca un deterioro sin precedentes en la relación entre el jefe de Estado y su antiguo canciller, quien fue una de las figuras clave en su gabinete durante los primeros meses de gobierno. La Fiscalía aún no ha confirmado si recibirá formalmente las pruebas anunciadas por el Presidente.
