La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia se reunirá el próximo martes 6 de mayo de 2025 para tomar una decisión clave sobre la situación jurídica de los expresidentes del Congreso Iván Name y Andrés Calle, señalados de recibir millonarios sobornos en el marco del escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
Aunque las sesiones ordinarias suelen realizarse los jueves, esta fue anticipada al martes debido al festivo del 1.º de mayo (Día del Trabajo).
Según reveló Infobae Colombia, la Corte deberá decidir si impone medidas de aseguramiento, como prisión preventiva, a los dos congresistas mientras avanza el proceso judicial en su contra.
Las acusaciones
Ambos están señalados de haber recibido sobornos relacionados con contratos estatales, específicamente uno destinado al suministro de carrotanques para La Guajira.
- Andrés Calle, actual representante a la Cámara por el Partido Liberal, habría recibido $1.000 millones en efectivo, según el exsubdirector de la Ungrd, Sneyder Pinilla.
En su defensa, Calle ha mostrado disposición a colaborar con la justicia, como lo expone un documento de casi 80 páginas presentado por su abogado, Billie Torres, ante el magistrado Francisco Farfán, solicitando que su cliente no sea enviado a prisión.
“La conducta del doctor Calle Aguas, desde un primer momento y hasta la fecha, lejos de mostrarse ajeno o pasivo, ha sido precisamente todo lo contrario”, señala el texto citado por Semana.
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- Iván Name, exsenador de la Alianza Verde, habría recibido $3.000 millones, también derivados del contrato de carrotanques. La exconsejera presidencial Sandra Ortiz declaró que ella misma coordinó la entrega del dinero, parte del cual, según denuncias, habría sido destinado a influir en la elección del magistrado Vladimir Fernández en la Corte Constitucional.
Primera condena en el escándalo
El pasado 29 de abril, el Décimo Juzgado Penal del Circuito Especializado de Bogotá dictó sentencia contra Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, exsubdirector de manejo de desastres de la Ungrd, convirtiéndose en el primer condenado por este entramado de corrupción.
Pinilla fue sentenciado a cinco años, ocho meses y un día de prisión, además de una multa de 3.550 salarios mínimos legales mensuales vigentes y la obligación de restituir $618 millones obtenidos ilícitamente. El juzgado rechazó su solicitud de prisión domiciliaria y determinó su reclusión en una guarnición militar por razones de seguridad.
Como parte de un preacuerdo con la Fiscalía, Pinilla aceptó cargos por concierto para delinquir agravado y peculado por apropiación agravado. A cambio de su colaboración, obtuvo una reducción del 45% en su condena y se comprometió a declarar contra al menos 25 personas, incluidos altos funcionarios y congresistas.
El país permanece atento a la decisión que tomará la Corte Suprema sobre Name y Calle, una determinación que podría marcar un precedente en la lucha contra la corrupción política en Colombia.
