Sergio Andrés Rodríguez Zumaque, hijastro de Edgardo Fernández Martínez, el funcionario de la DIAN atacado a bala dentro de un parqueadero en el barrio Villa Santos de Barranquilla, hizo explosivas revelaciones bajo juramento ante una notaría de esa ciudad.
En su declaración, Rodríguez no solo denunció alteración de pruebas claves del atentado, sino que expuso una presunta red de influencias y encubrimientos que salpica a varios personajes cercanos a la víctima, e incluso, a altos funcionarios de la entidad.
Según su testimonio, tras el atentado, los dos celulares que portaba su padrastro fueron recogidos por agentes de la Policía y entregados a Julio Acosta De la Hoz, amigo personal de Fernández, quien lo acompañaba al momento del ataque. A pesar de que la familia exigió los teléfonos para aportar a la investigación, Acosta alegó haberlos perdido en el lugar de los hechos. Sin embargo, los dispositivos aparecieron 48 horas después, supuestamente tras pasar por manos de Enrique “Kike” Correa, otro cercano a la víctima.
Rodríguez sostiene que este retardo no solo es irregular, sino ilegal, y afirma que existe la posibilidad de que los celulares hayan sido manipulados o alterados para ocultar información comprometedora. Según dijo, Correa le confesó tener negocios con su padrastro y le habló de un dinero pendiente que debía ser entregado a la familia. Incluso le insinuó que evitara mencionarlo en la investigación, revelando además que habría entregado mil millones de pesos para gestionar el nombramiento de José Bolívar Poveda Daza —conocido como “Papi Poveda”— como director de Aduanas de la DIAN. Según Rodríguez, ese nombramiento nunca se concretó, y ahora quienes aportaron ese dinero estarían reclamando su devolución.
La declaración se complica aún más cuando Rodríguez relaciona a “Papi Poveda” con la organización de la reunión que terminó en el atentado, y lo vincula como amigo de todos los involucrados: Julio Acosta, Enrique Correa y José Martínez, este último con quien Fernández Martínez —según el hijastro— mantenía una vieja disputa relacionada con la incautación de mercancía valorada en más de 1.800 millones de pesos.
Rodríguez también denunció que hubo presiones para no entregar los celulares a la Fiscalía, y que uno de los implicados le ofreció dinero para guardar silencio. Asegura que su padre había estado buscando un préstamo poco antes del ataque, lo que desmiente, según él, cualquier versión sobre supuestas sumas de dinero que se le adeudaran.
Como si fuera poco, indicó que la camioneta de su padre fue retirada de la clínica Porto Azul por Enrique Correa y sus empleados el mismo día del atentado, siendo devuelta 24 horas después completamente lavada, lo que, según Rodríguez, podría haber eliminado pruebas fundamentales como documentos aduaneros o huellas.
Finalmente, hizo una fuerte advertencia: si algo le ocurre a él o a su familia, responsabiliza directamente a José Poveda, José Martínez y su hijo, Julio Acosta y Enrique Correa.
La Fiscalía ya tiene en su poder esta declaración juramentada y se espera que avance en la verificación de los hechos, entre ellos el análisis de cámaras de seguridad, las declaraciones de los involucrados y la procedencia del supuesto dinero mencionado en la trama.
