miércoles, abril 23, 2025

Defensa de Nicolás Petro cuestiona legalidad del equipo fiscal que lo investiga

El inicio del proceso judicial contra Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, ha quedado en entredicho. Así lo manifestó este martes su abogado defensor, Alejandro Carranza, quien lanzó duras críticas contra la conformación del Grupo de Tareas Especiales encargado de la investigación, al que señaló de haber sido creado con irregularidades.

Según Carranza, la resolución 00118 del 10 de marzo de 2023 —base para la creación del grupo investigador— estaría viciada desde su origen. “Hubo una designación irregular del fiscal coordinador, del fiscal del caso Mario Andrés Burgos, así como de los fiscales de apoyo y del personal de Policía Judicial”, aseguró el abogado.

Aunque el documento oficial presenta una justificación institucional, la defensa insiste en que existen serias dudas sobre su legalidad, competencia y el método mediante el cual se integró este equipo especial. Para Carranza, estos elementos configuran lo que denominó “irregularidades estructurales” en la génesis misma de la investigación.

En el marco del juicio que se adelanta, el abogado ha solicitado que se debata a fondo la legalidad de esta resolución, ya que —según argumentó— podría haberse producido un sesgo institucional desde el primer momento. “Vamos a poner sobre la mesa si hubo conflicto de interés, si se cumplió con el procedimiento adecuado de designación y si existió un número único de noticia criminal, como exige la ley”, afirmó.

Carranza sostuvo que su propósito en el juicio será demostrar “con absoluta claridad” que la actuación del Grupo de Tareas Especiales estuvo marcada por arbitrariedades. “Es la primera vez que vamos a exponer ante la audiencia todo lo que ocurrió en la conformación de este grupo. Y es clave para entender el enfoque que ha tomado esta investigación desde su arranque”, concluyó.

Así, la defensa de Nicolás Petro no solo se concentrará en los hechos que se le imputan al exdiputado, sino también en deslegitimar el proceso desde su raíz, abriendo un nuevo frente de batalla jurídica.

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