Lo que comenzó como una captura más en el marco de una investigación judicial, terminó destapando una compleja red de corrupción, falsedad y crimen organizado con epicentro en una oficina notarial del centro de Barranquilla. La protagonista: Ana Dolores Meza Caballero, notaria Segunda del Círculo de la ciudad, detenida el pasado martes 22 de abril por agentes de la Sijín.
Meza Caballero enfrenta graves cargos por su presunta participación en una estructura criminal dedicada al robo sistemático de tierras en el Atlántico, que operaba con apoyo de funcionarios públicos, miembros de organizaciones ilegales como el Clan del Golfo y ‘los Costeños’, y una red de cómplices que se habría beneficiado entre 2018 y 2023 de maniobras fraudulentas para apropiarse de propiedades estratégicas.
La Fiscalía reveló que las sospechas surgieron en 2024, cuando un notario encargado en la misma oficina –en ausencia de Meza Caballero– habría facilitado la falsificación de documentos públicos para legitimar el despojo de tierras. Desde entonces, las autoridades han encontrado vínculos con capos de alto perfil, como Omar Alexander Ladino Vargas, alias el Señor del Portafolio, y Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias Castor, ambos señalados como actores claves en la red criminal.
Uno de los episodios más impactantes del expediente es el caso de Jorge Eliécer Torres, alias Plástico, presunto narcotraficante del Clan del Golfo. En 2020, la Notaría Segunda expidió un acta de defunción que certificaba su muerte en un supuesto accidente de tránsito en Córdoba. El documento incluía su nombre, cédula y fotografía. Sin embargo, Torres fue capturado meses después en una mansión de lujo en Barú, Cartagena, con una orden de extradición por narcotráfico emitida por una corte en Texas.
Las autoridades aseguran que Meza Caballero podría estar implicada directamente en esta red que el presidente Gustavo Petro denunció públicamente el pasado 14 de abril como parte de un entramado de corrupción ligado al robo masivo de tierras.
Los delitos que le imputan a la notaria incluyen peculado por apropiación, prevaricato por omisión, urbanización ilegal y concierto para delinquir contra la administración pública. Se trata de los mismos cargos por los que ya han sido capturadas otras 17 personas en operativos realizados en Barranquilla, Soledad y Cereté.
Este caso reaviva el debate sobre la vigilancia del sistema notarial y la facilidad con la que estructuras criminales han logrado infiltrar instituciones claves para legalizar sus operaciones. Una vez más, una firma con apariencia legal terminó siendo la puerta de entrada para uno de los delitos más antiguos y rentables: el despojo de tierras.
