lunes, abril 21, 2025

Fiscalía afecta patrimonio ilícito del clan familiar señalado de enviar cocaína a Curazao y Aruba

Bienes avaluados en más de 25.000 millones de pesos fueron ocupados con fines de extinción de dominio en La Guajira.

La imagen muestra una lujosa propiedad de dos pisos ubicada en un terreno amplio. La casa es blanca, con techo de tejas rojas y balcones con barandas de vidrio. Frente a la casa hay una piscina vacía y al lado de esta, una zona de asador en ladrillo rojo con techo de palma. También hay un jardín con plantas ornamentales, un parque infantil con un pequeño castillo de juegos, una cama elástica y un carro blanco estacionado cerca. El cielo está nublado y el lugar parece estar en una zona tranquila. En la esquina superior derecha aparecen los logos de la Fiscalía General de la Nación y otro escudo institucional. En la parte inferior derecha, hay un pequeño texto que dice: "Insumo de comunicación con fines periodísticos".
En La Guajira fueron ocupados bienes, con fines de extinción de dominio, avaluados en más de 25.000 millones de pesos.

Los hermanos José de Jesús, Juan Salvador y Erwin Rafael Pérez Escudero figuraban como beneficiarios del Sisbén, no registraban ingresos financieros formales, ni desempeñaban una actividad económica estable; sin embargo, aparecían como propietarios de 9 casas y 11 lotes avaluados en algo más de 25.000 millones de pesos.

Un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho del Dominio hizo una revisión minuciosa del origen de las propiedades y constató que habrían sido adquiridas con recursos producto del narcotráfico. 

Los Pérez Escudero harían parte de un clan familiar señalado de acopiar grandes cantidades de cocaína en municipios de La Guajira y Cesar, y coordinar su salida marítima por el Caribe colombiano a Curazao y Aruba, de donde eran enviadas a países de Europa.

En ese sentido, algunos de los bienes detectados fueron afectados con medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro, las cuales materializaron funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en diligencias realizadas en Maicao y Riohacha (La Guajira). Otras propiedades recibieron medidas de carácter jurídico.

La Sociedad de Activos Especiales (SAE) asumirá la administración de las propiedades ocupadas.

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