“El contrato de prestación de servicios debe pasar a la historia” —Gustavo Petro, en campaña.
Dos años después de su llegada al poder, los datos cuentan una historia distinta. El número de contratistas OPS no solo creció, sino que alcanzó cifras récord, incluso por encima de los gobiernos de Juan Manuel Santos y de Iván Duque. A esto se suma una preocupante expansión de la nómina estatal en medio de una severa crisis fiscal.
Promesas rotas y cifras en rojo: el crecimiento silencioso de la burocracia en el gobierno Petro
Pese a prometer el fin de los contratos por prestación de servicios (OPS), el presidente Gustavo Petro ha batido récords en su uso. Solo en 2024, el gobierno central reporta más de 63 mil contratistas OPS, una cifra superior a la registrada durante los mandatos de Santos y Duque.
Esta expansión de la nómina estatal, que sumó 27 mil nuevos empleos públicos en un año, ocurre en medio de una creciente crisis fiscal y con contratos cada vez más cortos y precarios, lo que contradice el discurso de formalización laboral.
¿Qué hay detrás de este modelo de contratación que, lejos de desaparecer, se consolida?
Radiografía de la contratación pública (2021-2024)
| Gobierno | Contratistas OPS (Central) | Duración Promedio | Gasto estimado (billones) |
|---|---|---|---|
| Santos (último año) | 45.000 | 234 días | $5,7 |
| Duque (2021) | 47.000 | 230 días | $6,4 |
| Petro (2024) | 63.000 | 211 días | $8,2 |
Fuente: La Silla Vacía, con datos de Secop I y II.
Crecimiento de la nómina estatal (2023-2024)
Bajo el actual gobierno, el número de empleados públicos creció de 889 mil en 2023 a 916 mil en 2024, un salto del 3%, equivalente a 27.000 nuevos cargos en tan solo un año. Este incremento multiplica por 10 el promedio anual observado entre 2016 y 2022, cuando el crecimiento osciló en apenas 0,02% anual.
¿Dónde está el foco de estos contratos?
El aumento en la contratación OPS no solo ocurre en el gobierno central. Varias entidades públicas independientes también han disparado el uso de esta figura laboral.
| Entidad | Número de contratistas OPS (2024) |
|---|---|
| Agencia Nacional de Tierras (ANT) | 8.000 |
| Defensoría del Pueblo | 7.000 |
| DANE (oficina central) | 6.000 |
| IGAC | 6.000 |
🔸 En el caso de la ANT, muchos contratos están ligados al catastro multipropósito.
🔸 En el DANE, la mayoría de OPS están asociados al Censo Nacional Urbano (Cenu), que ha enfrentado retrasos y problemas de pago a encuestadores.
Contratos más cortos y precarios
Aunque el presidente Petro prometió que los contratos durarían más y serían más estables, lo cierto es que la duración promedio en su gobierno es la más baja de los últimos tres periodos presidenciales: 211 días. Se mantienen como contratos de corta duración, sin prestaciones ni estabilidad laboral, lo cual contradice los discursos sobre formalización.
¿A qué costo?
Desde agosto de 2022 hasta marzo de 2024, el gobierno Petro ha destinado más de $8 billones en contratos por prestación de servicios, tan solo en entidades centralizadas. Es la cifra más alta jamás registrada para este tipo de contratación.
Este gasto ocurre mientras el país enfrenta:
- Un déficit fiscal del 6,8% del PIB (2024).
- Un hueco de $46 billones en el recaudo proyectado.
- Riesgo de emergencia económica para 2025.
Inversión pública vs. Funcionamiento estatal
La expansión de la nómina ocurre al mismo tiempo que el presupuesto nacional de 2025 da prioridad al funcionamiento del Estado sobre la inversión. El nuevo ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, ha reconocido que los recortes deben proteger la inversión pública, pero hasta ahora, los recursos siguen dirigiéndose a ampliar burocracia.
¿Reorganización o maquillaje institucional?
Algunas entidades afirman que no necesariamente hay un “crecimiento” real en las áreas técnicas. Por ejemplo, una contratista de la ANT reveló que su equipo ha disminuido en tamaño, pero ha recibido apoyo de otros grupos que sí han crecido, lo que sugiere una redistribución de personal, más que un fortalecimiento técnico.
En contraste, la Defensoría del Pueblo redujo su contratación OPS en 2024, argumentando que se firmaron “únicamente los contratos estrictamente necesarios”. Este comportamiento, sin embargo, es la excepción entre las entidades públicas.
Conclusión: ¿Una bomba fiscal disfrazada de reforma?
La tendencia es clara: más contratistas, más gasto, menos estabilidad. Y todo ocurre en medio de una situación fiscal crítica, donde se discute incluso adelantar impuestos del 2026 y declarar una emergencia económica.
El “fin de los OPS”, más que una transformación estructural, se ha convertido en una promesa rota. Lo que debería “pasar a la historia”, como dijo el presidente, hoy es récord histórico.
