Nota de Prensa – Amalfi Rosales
Al oído del Presidente Gustavo Petro
En desarrollo del proceso judicial por el cual fueron capturadas 17 personas señaladas de integrar una estructura criminal dedicada a la invasión ilegal de tierras en el área metropolitana de Barranquilla, se ha producido una decisión que ha generado preocupación entre las víctimas y los operadores judiciales comprometidos con la lucha contra este flagelo.
Durante la primera audiencia concentrada, se legalizó la captura de 16 de los 17 imputados por los delitos de invasión de tierras, falsedad en documento público y privado, fraude procesal y concierto para delinquir, supuestamente cometidos en el marco de una organización delictiva calificada como Grupo Delincuencial Organizado (GDO). Sin embargo, al momento de iniciar la audiencia de imputación, el juez de control de garantías Ángel Augusto Monroy, con sede en Bogotá y competencia nacional, decidió no sustanciar la audiencia alegando un impedimento, al considerar que el grupo capturado no corresponde a un GAO (Grupo Armado Organizado) ni a un GDO, como exige su especialización bajo la Ley 1908 de 2018.
Esta actuación, que plantea un conflicto de competencia ahora en manos del Tribunal Superior de Barranquilla o eventualmente del Consejo Superior de la Judicatura, ha dejado en entredicho la legalización de las capturas, y abre la puerta a que los defensores interpongan acciones de tutela o hábeas corpus. Las víctimas denuncian que esta decisión podría representar una denegación de justicia, frustrando más de un año de investigaciones lideradas por la Fiscalía 8ª Anticorrupción, y profundizando la impunidad en la región Caribe, especialmente en municipios como Soledad, Puerto Colombia, Galapa, Tubará y Malambo.
Más grave aún, desde el inicio de la audiencia el juez Monroy ya habría manifestado dudas sobre su competencia sin haber escuchado siquiera la imputación ni los fundamentos de la teoría del caso, lo que podría interpretarse como una abdicación a su función jurisdiccional, atentando contra los principios constitucionales de concentración procesal y acceso efectivo a la justicia.
Frente a este panorama, crecen los llamados para que figuras como Jorge Eliécer Díaz, alias «Castor», y Digno Palomino, quienes estarían al frente de esta estructura delictiva, se acojan a un principio de oportunidad o sean escuchados por la JEP, revelando así la presunta participación de políticos, funcionarios públicos, empresarios, personal de seguridad privada y miembros de la Policía Nacional en este entramado criminal de apropiación de tierras.
Esta es una realidad que las víctimas del hurto inmobiliario vienen denunciando desde hace décadas, pero que se ha recrudecido en los últimos años, en medio de un preocupante silencio institucional. La ciudadanía exige que se garantice la continuidad del proceso, el respeto al debido proceso y, sobre todo, que no se sigan burlando los derechos de las víctimas.
Por Amalfi Rosales – Periodista Investigativa
