viernes, abril 18, 2025

Esta es la red de corrupción desartículada en la Costa Atlántica que involucra a funcionarios públicos

La Policía Nacional, con uniformados adscritos a la Dirección de Investigación Criminal e Interpol – DIJIN, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, Dirección contra la Corrupción, desarrolló una operación conjunta que permitió la captura de 17 personas y la ejecución de 6 allanamientos en los municipios de Barranquilla, Soledad y Cereté.

Entre los capturados se encuentran funcionarios públicos en ejercicio y exservidores implicados en actividades de corrupción relacionadas con la apropiación y venta ilegal de terrenos públicos y privados, destinados a proyectos sociales como colegios y parques deportivos.

Los procesados enfrentan investigaciones por delitos como concierto para delinquir con el fin de cometer delitos contra la administración pública, prevaricato, invasión de tierras, peculado y falsedad documental.

Esta red, con presuntos vínculos con organizaciones criminales que tienen injerencia en la capital del Atlántico y el área metropolitana, afectó a cientos de familias al apropiarse ilegalmente de terrenos de uso público, perjudicando el desarrollo urbano y comunitario.

Los capturados y sus roles:

  • Roque Lugo, sindicado como testigo falso, participaba en audiencias aportando declaraciones construidas para legitimar las estafas.
  • Andrés Díaz, actual jurídico de la Alcaldía de Soledad, sería uno de los enlaces entre la administración local y la red.
  • Iván Páez, actual registrador de Soledad, habría facilitado inscripciones irregulares en registros públicos.
  • José Pacheco, calificador de Instrumentos Públicos, encargado de validar documentos adulterados para aparentar legalidad en los trámites.
  • David De Castro y Juan Ucrós, exregistradores de Soledad, también figuran entre los señalados por permitir inscripciones fraudulentas.
  • Marlon Mora, inspector de Policía, y Neissy Cantillo, exinspectora, habrían emitido resoluciones ilegales para respaldar desalojos o avalar ocupaciones.
  • Francisco Mejía, notario de Santo Tomás, habría autenticado documentos relacionados con las transacciones fraudulentas.
  • Luis Martínez, tramitador, operaba como enlace entre víctimas, abogados y funcionarios.
  • José MárquezRafael Bossio y Alex Ahumada, todos abogados, eran los encargados de construir la fachada legal que daba soporte a los despojos.
  • Wilmar Machuca y José Peñaloza, identificados como «poseedores irregulares», se encargaban de ocupar físicamente los predios una vez despojados.
  • Ismael Cárcamo e Inés Salas, señalados como agentes corruptores, habrían sido responsables de coordinar sobornos para mover influencias internas.
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De acuerdo a las investigaciones que adelanta la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional de Colombia (DIJÍN), estas personas se encargaban de constreñir a propietarios para apoderarse de terrenos y posteriormente venderlos, estafando a varias familias.

Al menos 1.800 familias son las afectadas por esta red, de acuerdo a las indagaciones de las autoridades. De colegios y parques esta red también habría robado terrenos.

Estas personas fueron arrestadas por los delitos de peculado por apropiación, prevaricato por acción y omisión, cohecho, asociación para la comisión de delitos contra la administración pública, urbanización ilegal y estafa agravada.

Las capturas de estas 17 personas dedicadas presuntamente al ocupamiento de tierras fue dada a conocer por el Presidente Gustavo Petro a través de su cuenta de X.

“Velando por los derechos a la vivienda, la educación y el deporte para la población más vulnerable del Atlántico, @PolicíaNacional y la @FiscaliaCol capturaron 17 personas dedicadas al ocupamiento de tierras, entre estos a funcionarios públicos. 3 registradores de instrumentos públicos, 2 inspectores de policía, 2 notarios, 1 calificador de instrumentos públicos, un funcionario de la alcaldía de Soledad – Atlántico, y actores criminales”, aseguró el mandatario de los colombianos.

Las investigaciones siguen en marcha, reafirmando el compromiso de las autoridades de proteger los bienes públicos y privados y de contrarrestar la corrupción en todas sus manifestaciones.

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