Terrenos que debían convertirse en megacolegios, centros infantiles y parques públicos terminaron fragmentados y vendidos ilegalmente por una red que, según la Policía Nacional, involucraba a funcionarios y exfuncionarios de alto nivel en los municipios de Barranquilla, Soledad y Cereté (Córdoba).
La investigación, liderada por el Grupo Anticorrupción de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN), sacó a la luz una compleja estructura criminal que habría tejido durante años una red de corrupción administrativa, falsedad documental y ocupación ilegal de predios públicos.
“Se trata de un entramado en el que confluyen tres frentes: servidores públicos que omitieron su deber, abogados tramitadores al servicio del delito, y supuestos poseedores que fungían como fachada”, explicó el coronel Jorge Mora, jefe del grupo Anticorrupción de la Policía.
Uno de los terrenos, ubicado en Soledad, de más de 277.000 metros cuadrados, estaba destinado a infraestructura educativa. Hoy, en lugar de aulas y espacios para la niñez, hay lotes vendidos ilegalmente a particulares, cada uno por cerca de 50 millones de pesos.
Las autoridades aseguran que la red usaba mecanismos legales para dar apariencia de legitimidad: escrituras falsas, testigos simulados y documentos adulterados. En lugar de defender el patrimonio público, funcionarios facilitaron su apropiación.
Entre los 17 capturados en diligencias simultáneas están:
- Andrés Díaz, jurídico de la Alcaldía de Soledad
- Iván Páez, registrador de Soledad
- José Pacheco, calificador de instrumentos públicos
- David De Castro y Juan Ucrós, exregistradores
- Marlon Mora y Neissy Cantillo, inspectores de policía
- Francisco Mejía, notario en Santo Tomás
- Varios abogados, tramitadores, falsos poseedores y testigos
Todos ellos enfrentan audiencia de legalización de captura por delitos que incluyen peculado por apropiación, prevaricato por acción y omisión, cohecho, urbanización ilegal y estafa agravada.
Este caso, que aún está en etapa preliminar, podría convertirse en uno de los mayores escándalos de robo de tierras públicas en la historia reciente del Atlántico, al poner en evidencia cómo la delincuencia se infiltró en las instituciones para apropiarse del futuro de cientos de niños y niñas.
«Estos predios no eran cualquier cosa. Eran para escuelas. Para la niñez. Fueron despojados del Estado, loteados y vendidos como si fueran propiedad privada«, señaló un investigador judicial.
Ahora, con las pruebas en manos de la Fiscalía, el país observa cómo la justicia deberá responder ante una de las heridas más graves para el desarrollo social: la corrupción que le roba al futuro.
