La Alcaldesa de Fundación, Luz Helena Andrade, enfrenta la obligación de cumplir con lo dispuesto por el Tribunal Administrativo del Magdalena, luego de que el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Santa Marta ordenara la ejecución inmediata de las obras de repotenciación de las murallas de protección contra inundaciones que afectan a los barrios cercanos al río.
Según conoció PLV, la sentencia del 4 de septiembre de 2024, confirmada por el fallo del 25 de agosto de 2023, el tribunal dictó que el municipio de Fundación incurrió en una grave violación del derecho colectivo a la seguridad y la prevención de desastres. Esta decisión se toma tras una acción judicial instaurada por la ciudadana Carmiña Escorcia, quien denunció la inacción de las autoridades locales en el manejo del riesgo de inundaciones.
El fallo exige que la alcaldesa Andrade acelere las gestiones presupuestales y financieras para concluir las obras, que incluyen la construcción de un muro de contención, el dragado del río y la construcción de dos desarenadores para proteger los barrios más vulnerables, como Ariguaní, Las Tablitas, Paz del Río, Chimila y La Feria. Estos sectores han sido especialmente afectados por las lluvias torrenciales que ocasionan graves inundaciones.
Una lucha incansable de la veedora Carmiña Escorcia
Este triunfo judicial es el resultado de ocho años de lucha por parte de Carmiña Escorcia, una veedora municipal que no se rindió ante la inercia de las autoridades locales. Escorcia ha sido una voz incansable en la defensa de los derechos de las comunidades afectadas por las inundaciones, y su acción judicial ha sido clave para conseguir que las autoridades responsables de la ejecución de estas obras, como el municipio de Fundación, Aracataca, El Retén, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y la Corpamag, sean finalmente obligadas a actuar.
Decisión del Juzgado Quinto Administrativo
El Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Santa Marta también ordenó dejar sin efecto los autos emitidos el 20 de febrero y el 5 de marzo de 2024, lo que implica una corrección en el proceso administrativo relacionado con la ejecución de las obras. Esta medida refuerza el cumplimiento de lo dispuesto por la sentencia, que busca garantizar que las obras de protección sean completadas sin más retrasos.
Carmiña Escorcia, al leer un extracto del fallo, destacó la importancia de la decisión, que, según ella, representa una victoria para los habitantes de Fundación y otras zonas vulnerables, que durante años han sido víctimas de la falta de previsión y acción de las autoridades locales.
El tribunal también enfatizó que todas las partes involucradas deben presentar los documentos y memoriales necesarios para asegurar el cumplimiento de la sentencia, que se toma bajo el cumplimiento de los protocolos establecidos por el Acuerdo PCSJA23-12068 de 2023.
Ahora, la alcaldesa Luz Helena Andrade tiene la responsabilidad de buscar urgentemente los recursos necesarios para ejecutar estas obras esenciales y garantizar la seguridad de los habitantes de los barrios más vulnerables.
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