La Fiscalía General de la Nación comenzó una exhaustiva investigación para rastrear los bienes de Rafael Antonio Matera Lajud, un reconocido empresario de la Costa Caribe, quien ha sido señalado por exjefes paramilitares de haber financiado a las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Con una orden asignada al grupo interno de persecución de bienes de la Justicia Transicional, la Fiscalía busca identificar y asegurar el patrimonio del empresario, quien ha sido vinculado a los paramilitares a través de declaraciones de varios exjefes de las AUC. Según las acusaciones, Matera Lajud habría actuado bajo el alias de ‘300’ y habría brindado apoyo económico a estos grupos ilegales durante su apogeo en la región Caribe.
En el marco de la investigación, la Fiscalía solicitó a la Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Barranquilla la copia de una declaración que el exjefe paramilitar y actual “gestor de paz”, Salvatore Mancuso, rindió hace tres años ante esa jurisdicción. En dicha declaración, Mancuso habría señalado a Matera Lajud como uno de los empresarios que colaboró con los paramilitares mediante financiamiento y otros apoyos logísticos.
La medida hace parte de los esfuerzos de la Fiscalía para desmantelar las redes de financiamiento de grupos armados ilegales y asegurar que los responsables de haber contribuido a estos crímenes enfrenten las consecuencias judiciales correspondientes.
El rastreo de los bienes de Matera Lajud incluye propiedades, empresas y otros activos en la región Caribe, buscando establecer una posible relación con los fondos destinados a las AUC durante su accionar en la zona.
Este caso pone de nuevo en evidencia los vínculos entre el empresariado y los grupos armados ilegales en Colombia, especialmente en la Costa Caribe, y refuerza el compromiso de la Fiscalía por continuar investigando y procesando a quienes hayan sostenido o colaborado con estos grupos terroristas.
Las autoridades continúan con el proceso de recolección de pruebas y esperan que en las próximas semanas se puedan obtener resultados que confirmen o desmientan las acusaciones en contra del empresario.
