Sanción por desacato a dos funcionarios de la Asamblea Departamental del Magdalena
Santa Marta, 3 de abril de 2025. — El Juzgado Décimo Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Santa Marta resolvió un incidente de desacato en contra de dos funcionarios de la Asamblea Departamental del Magdalena, por el incumplimiento de una tutela que había sido emitida en marzo de 2024. El fallo ordena sanciones de arresto y multa a los implicados por no responder de manera adecuada a una solicitud presentada por el exsecretario de la Asamblea, José Fernández De Castro.
El incidente surgió luego de que Fernández De Castro interpusiera un desacato en contra de Juan Carlos Barros Almanzo, contador de la Asamblea, y Sara Lucía Guzmán Palacio, contratista de la entidad, al no dar cumplimiento a la orden de una tutela emitida el 17 de marzo. El fallo inicial instaba a los funcionarios a dar una respuesta clara y precisa a las peticiones que Fernández De Castro había realizado en diciembre de 2024, lo cual no ocurrió.
Tras un análisis de las respuestas presentadas por los funcionarios, el Juzgado determinó que Barros Almanzo y Guzmán Palacio incumplieron la orden judicial, ya que las respuestas dadas no cumplían con los criterios de claridad, precisión y profundidad requeridos. En consecuencia, el Juzgado impuso a ambos funcionarios una sanción de arresto por tres días y una multa equivalente a tres salarios mínimos legales mensuales vigentes.
El fallo del Juzgado destaca que la falta de una respuesta adecuada ha causado insatisfacción en el solicitante, quien no ha podido avanzar en su trámite debido a la omisión de una respuesta pertinente.
Por otro lado, Kelly Ávila Padilla, quien también había sido mencionada en el proceso, fue desvinculada del incidente de desacato, ya que su respuesta sí cumplió con los requisitos exigidos por el fallo de tutela.
Sanciones y medidas adicionales
El fallo judicial incluye las siguientes medidas:
- Arresto de tres días para Juan Carlos Barros Almanzo y Sara Lucía Guzmán Palacio, a cumplirse en las instalaciones del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía de Santa Marta o en un lugar habilitado para tal fin.
- Multa de tres salarios mínimos legales vigentes, que deberá ser consignada en la cuenta del Fondo Rotatorio del Consejo Superior de la Judicatura.
- Notificación a la Policía para proceder con el arresto de los funcionarios sancionados.
- Compulsa de copias a la Fiscalía General de la Nación y a la Oficina de Control Disciplinario de Santa Marta, para evaluar posibles investigaciones penales y disciplinarias.
Este fallo subraya la importancia del cumplimiento de las sentencias de tutela, especialmente en lo que respecta a los derechos fundamentales de los ciudadanos, y refuerza la responsabilidad de los funcionarios públicos en garantizar la transparencia y eficacia de sus actuaciones.
La decisión también es un recordatorio de que el desacato a las órdenes judiciales no será tolerado, y que las autoridades competentes tomarán las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de la ley.
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