Las políticas restrictivas de Estados Unidos han dado lugar a un fenómeno conocido como “flujo inverso”: cientos de personas regresando hacia el sur del continente.
El flujo de migrantes que cruza la selva del Darién cayó un 96 % en el último año. Aunque podría parecer una señal de estabilidad en las condiciones que antes expulsaban a cientos de miles de personas, en realidad refleja cómo la securitización de las políticas migratorias en la región está bloqueando el paso de migrantes y personas con necesidad de protección internacional.
Hoy, quienes aun se arriesgan a continuar su camino se exponen a mayores violaciones a sus derechos y a la creciente arbitrariedad de gobiernos hostiles con quienes cruzan sus territorios.
El presidente de Panamá, Raúl Mulino, anunció hace poco que, tras la drástica disminución del flujo migratorio, iniciaría el cierre progresivo de las instalaciones de asistencia humanitaria en la frontera, comenzando por las de Bajo Chiquito y Canaán Membrillo, dos de los principales centros de atención para migrantes operados por la cooperación internacional. Satisfecho, declaró que había «cerrado el Darién». Sin embargo, la realidad es otra.
Entre enero y febrero de este año, Migración Colombia reportó 2.705 detecciones de migrantes en tránsito en los municipios de Turbo y Necoclí, rumbo al Darién. Es una caída abrupta comparada con las casi 61.000 detecciones en el mismo periodo de 2024, pero el número sigue siendo significativo. Las personas continúan arriesgándose a cruzar la selva, poniendo en peligro sus vidas, mientras ven vulnerados sus derechos humanos en cada paso del camino.
Para agravar la situación, las políticas restrictivas de Estados Unidos han dado lugar a un fenómeno conocido como “flujo inverso”: cientos de personas regresando hacia el sur del continente. El propio Mulino lo reconoció al afirmar: “viene el otro flujo, el que viene del norte (…)”.
Este retorno ocurre en un contexto aún más adverso marcado por el desmantelamiento de programas de asistencia humanitaria y un enfoque restrictivo hacia la protección de derechos de las personas en tránsito.
Las autoridades panameñas estiman que hay cerca de 3.100 personas represadas en la frontera norte de Panamá con Costa Rica, esperando poder cruzar a Panamá. La mayoría son venezolanos, pero también hay migrantes de origen africano y asiático. Esta detención ha sido duramente criticada por las arbitrariedades cometidas, desde criminalizar a las personas en tránsito hasta la falta de protocolos para garantizar un retorno seguro.
Se ha denunciado que los migrantes deben pagar hasta 300 dólares para que los transporten de vuelta a Colombia en lanchas con sobrecupo. Además, la Defensoría del Pueblo advirtió que el gobierno panameño está utilizando embarcaciones de carga para deportarlos a Necoclí en condiciones que ponen en riesgo su seguridad.
Entre enero y febrero de 2025, Migración Colombia reportó la entrada de 1.599 personas provenientes de Panamá a territorio colombiano, es decir, en sentido contrario a lo que veníamos acostumbrados en años pasados, entre ellas 298 niños, niñas y adolescentes. Estos migrantes optaron por regresar tras permanecer entre uno y tres meses en México, a la espera de una respuesta de las autoridades estadounidenses para entrar de manera regular a ese país.
Nuevos desafíos para la región
Las redes de tráfico de migrantes, que están viendo golpeadas sus finanzas tras la disminución del flujo hacia el norte, ya están empezando a diversificar su negocio para facilitar el contraflujo de personas hacia el sur del continente.
Ahora, la mayoría cruza en lancha en vez de hacerlo por la selva, pero eso no significa que sea más fácil: el trayecto en altamar dura entre siete y nueve horas dependiendo del lugar de origen, en lanchas sobrecargadas de pasajeros y en una época del año donde el oleaje trae riesgos adicionales. El pasado 22 de febrero, el Senafront informó de un naufragio que cobró la vida de una menor de edad.
La alcaldía de Necoclí ya encendió las alarmas por posibles represamientos. En promedio, entre 40 y 60 personas ingresan diariamente a los puertos del municipio, con picos de hasta 200 los fines de semana. Ante esa situación, las autoridades en Necoclí llaman a implementar un plan de contingencia que articule los gobiernos nacional y departamental, debido a las precarias capacidades que tienen para atender la magnitud del flujo de personas. Como en el pasado, esto podría saturar la prestación de servicios públicos y afectar la respuesta de protección a los migrantes.
Todo esto se da en un contexto de desfinanciación de las entidades de cooperación internacional tras el desmantelamiento de USAID y los recortes progresivos de recursos de fondos de Estados Unidos a organizaciones del Sistema de Naciones Unidas. Esto ha afectado significativamente a ACNUR y OIM, agencias encargadas de la respuesta humanitaria a migrantes y refugiados, cuya capacidad de respuesta se ha visto limitada en la coordinación del Grupo Interagencial de Flujos Migratorios Mixtos en Urabá.
¿Qué se puede hacer?
Ante este panorama, es urgente fortalecer las organizaciones de la sociedad civil. Estas juegan un papel crucial tanto en la visibilización de la crisis migratoria como en la atención humanitaria inmediata. Aunque incipientes, muchas iniciativas locales han surgido para responder a las necesidades de los migrantes. Los comedores comunitarios, por ejemplo, se han convertido en espacios de protección en un entorno cada vez más hostil.
La mayoría de estas iniciativas son lideradas por organizaciones de base religiosa que operan con recursos limitados. Sin programas que las fortalezcan, dependen de su creatividad y esfuerzo para mantenerse activas. Su labor es fundamental, no solo en la asistencia humanitaria, sino también en la difusión de información clave para que los migrantes puedan tomar decisiones más seguras sobre su recorrido.
El fortalecimiento de estas iniciativas requiere mayor coordinación entre los gobiernos nacional, departamental y municipal, el gobierno panameño y la cooperación internacional. Solo así será posible proteger los derechos de los migrantes, prevenir vulneraciones en su regreso y mejorar la respuesta ante el flujo inverso de personas en el Darién.
