La Fiscalía General de la Nación ha dado un paso importante en la investigación que involucra a Nicolás Petro, hijo del Presidente de la República, al desvelar nuevos detalles sobre presuntos actos de lavado de activos e enriquecimiento ilícito. Según la fiscal Lucy Marcela Laborde, el hijo del mandatario colombiano habría usado una fundación, una empresa de energía y un exdiputado del Atlántico para manejar fondos de origen dudoso y darles apariencia de legalidad.
La fiscalía está centrada en una serie de transacciones financieras que involucran a Máximo Noriega, exdiputado del Atlántico, quien supuestamente canalizó dinero para la campaña de Gustavo Petro, el presidente electo, a través de fondos ilícitos. A su vez, Nicolás Petro y su pareja, Daysuris Vásquez, habrían sido los responsables de gestionar estos recursos, utilizando su influencia política para obtener contratos con la Gobernación del Atlántico.
La Fundación Fucoso y la Sobrefacturación a la Gobernación del Atlántico
En el marco de la investigación, la fiscal Lucy Marcela Laborde señaló que la Fundación Conciencia Social (Fucoso), vinculada a Nicolás Petro, fue utilizada para manipular contratos en favor de terceros. De acuerdo con las pruebas obtenidas, la fundación cobraba por servicios que no se prestaban, sobrefacturando a la Gobernación del Atlántico para obtener una ganancia ilícita.
La fiscal explicó que María Angélica Name, quien también aparece en los registros de la investigación, era la encargada de cobrar el dinero en efectivo de la sobrefacturación, el cual luego era entregado a Nicolás Petro y Daysuris Vásquez. Estos movimientos de dinero, que se habrían realizado entre 2019 y 2022, no tienen justificación respecto a lo que Nicolás Petro percibía como salario de su cargo de diputado del Atlántico, lo que sugiere que se trataba de ingresos ilegales.
La Empresa de Energía Delta y el Lavado de Activos
Otro elemento clave en la investigación es el Grupo de Energía Delta Limitada, una empresa que supuestamente fue utilizada por Nicolás Petro para lavar activos obtenidos de manera ilícita. La fiscal Lucy Marcela Laborde presentó pruebas que indicaban que Nicolás Petro no tenía un vínculo directo con esta empresa, lo que sugiere que usaba su nombre para dar legitimidad a los dineros obtenidos de manera irregular.
La fiscal también solicitó que se incorporara información sobre los contratos que esta empresa mantenía, así como detalles de los cargos y asignaciones salariales de sus empleados, para seguir investigando la forma en que los fondos ilícitos circulaban en este entramado. Según la Fiscalía, esta empresa fue una de las maneras en las que Nicolás Petro intentó dar apariencia de legalidad a los dineros de origen dudoso que adquirió entre 2019 y 2022.
El Caso de Máximo Noriega y el Dinero para la Campaña
Un actor importante en esta trama es Máximo Noriega, un exdiputado del Atlántico que ha sido señalado por la Fiscalía de haber entregado recursos ilícitos a Nicolás Petro para la compra de un inmueble y para financiar actividades de campaña. Según los testimonios de Daysuris Vásquez, estos recursos fueron utilizados tanto para la adquisición de una casa en Villas de Palmarito, Tubará, Atlántico, como para financiar la campaña electoral de Gustavo Petro.
A pesar de que Noriega ha negado su implicación en el caso y ha afirmado que no fue «administrador de recursos de campaña», las pruebas de la Fiscalía, en particular los chats entre Daysuris Vásquez y Máximo Noriega, parecen confirmar que este último jugó un papel crucial en la entrega de dinero ilícito a Nicolás Petro.
La Trama de Sobrefacturación y Lavado de Dinero
Las investigaciones de la Fiscalía también revelaron cómo Raúl Lacouture Daza, entonces secretario general de la Gobernación del Atlántico, facilitaba la contratación de personas mediante la Fundación Fucoso. Las personas involucradas en estos contratos prestaban servicios que, de acuerdo con las pruebas, no correspondían con lo que se cobraba a la Gobernación.
Los pagos de estos contratos eran mucho mayores a lo que realmente se pagaba a los contratistas, lo que constituye una clara sobrefacturación. Estos dineros eran percibidos por Nicolás Petro y Daysuris Vásquez, quienes, según la Fiscalía, tenían pleno conocimiento de las irregularidades en estos pagos.
Conclusiones de la Fiscalía
La fiscal Lucy Marcela Laborde explicó que la información obtenida hasta ahora ha permitido probar que Nicolás Petro y su entorno manejaban fondos de origen ilícito mediante una serie de maniobras para darles una apariencia de legalidad. Según la Fiscalía, estos recursos no provienen exclusivamente de su salario como diputado del Atlántico, lo que abre la puerta a acusaciones de lavado de activos e enriquecimiento ilícito.
La Fiscalía continuará con la investigación, mientras que las autoridades tratan de determinar la magnitud de los delitos cometidos y las personas involucradas en este esquema. La acusación de lavado de activos podría tener consecuencias graves para Nicolás Petro y otros actores políticos que se hayan beneficiado de estos actos ilícitos.
