En los últimos días del gobierno de Iván Duque, se firmó un millonario contrato que ha generado un gran debate sobre su legalidad, transparencia y los posibles intereses políticos detrás de la adjudicación. El 21 de julio de 2022, el gobierno entregó el Convenio Marco número CCENEG-055-03-2022, un contrato por 2,4 billones de pesos destinado a la compra y distribución de medicamentos para hospitales públicos, la Policía Nacional y el Ejército Nacional, un acuerdo que se extenderá hasta el año 2025.
El contrato, que garantiza la distribución de medicamentos a estas entidades por los próximos tres años, ha sido criticado debido a su adjudicación en los últimos días de la administración de Duque, justo antes de la llegada del nuevo gobierno de Gustavo Petro. La controversia se ha centrado en la restricción de la competencia ya que las compras de medicamentos quedarán limitadas a tres empresas adjudicatarias, sin la posibilidad de que el gobierno de Petro pueda contratar con nuevos proveedores durante este periodo.
El vínculo con la familia Char
Una de las empresas beneficiadas con este contrato ha sido Éticos Serrano Gómez Ltda, vinculada a la familia Char, una de las más influyentes en la política y los negocios en la región del Atlántico. Farid Char, miembro destacado de la familia, figura como uno de los socios principales de esta empresa, lo que ha avivado los cuestionamientos sobre la falta de transparencia en el proceso. Según la Cámara de Comercio, la compañía es la responsable de distribuir medicamentos en una vasta región que incluye varios departamentos, como Atlántico, Bolívar, La Guajira y Magdalena.
Además de Éticos Serrano Gómez Ltda, otras dos empresas, Unión Temporal Audidrogas y Productos Hospitalarios S.A., también fueron adjudicatarias del contrato, lo que ha limitado aún más la competencia en este mercado de distribución de medicamentos. Estas compañías asumirán la distribución de los productos médicos en diversas zonas del país durante los próximos tres años.
Preocupaciones por la legalidad y el control político
El hecho de que un contrato de tal magnitud haya sido adjudicado en la última semana del gobierno de Duque ha levantado sospechas sobre su posible uso para garantizar el control sobre el sector de la salud pública durante la nueva administración. La cercanía con el cambio de gobierno ha hecho que algunos vean este movimiento como una forma de “blindar” a ciertas empresas vinculadas a la política, especialmente aquellas con conexiones con poderosos actores locales, como la familia Char.
Aunque los funcionarios responsables del proceso aseguran que el contrato cumplió con todos los requisitos legales establecidos por la Ley de Contratación Pública, las críticas apuntan a que la adjudicación a solo tres empresas restringe las oportunidades de competencia y podría generar conflictos de interés.
Implicaciones para el gobierno de Petro
El nuevo gobierno de Gustavo Petro se encuentra ante el desafío de implementar este convenio durante los próximos tres años, lo que ha generado preocupación sobre su capacidad para tomar decisiones autónomas en el sector de la salud. Este contrato no solo implica una enorme cantidad de recursos, sino que también obliga a la administración actual a trabajar con proveedores ya seleccionados, lo que limita su flexibilidad en la gestión de los recursos públicos.
Los detractores del contrato argumentan que decisiones como esta pueden afectar la transparencia del gobierno de Petro y limitar su capacidad de actuar según sus principios, ya que se verá forzado a continuar con un convenio millonario cuyos actores están vinculados a figuras políticas de peso.
Un futuro incierto para el sector salud
El gobierno de Gustavo Petro deberá revisar a fondo este convenio y sus implicaciones a largo plazo para evitar que este tipo de acuerdos comprometan la calidad de los servicios médicos en el país. La gran preocupación gira en torno a que las decisiones tomadas en el final del mandato de Duque puedan obstaculizar las políticas del nuevo gobierno, que ha prometido mejorar la gestión pública y garantizar la transparencia en el manejo de los recursos.
En las próximas semanas, se espera que el gobierno de Petro tome medidas para analizar a fondo el contrato, y algunos ya piden una revisión exhaustiva de los términos del acuerdo, que podría tener repercusiones significativas en el acceso a los medicamentos y la atención en los hospitales públicos a lo largo de los próximos años.
