Una reciente resolución del Ministerio de Transporte ha generado alarma en el sector ambiental y en las comunidades que dependen del río Magdalena y otras vías fluviales del país. El aplazamiento hasta 2034 de la exigencia de doble casco para las barcazas que transportan hidrocarburos a través de los ríos podría desencadenar una tragedia ambiental de grandes proporciones, afectando las fuentes de agua de más de 100 municipios en el país.
Desde 2015, Colombia ha estado posponiendo la implementación de esta medida, que busca evitar derrames de hidrocarburos en los ríos, especialmente en el Magdalena, donde se transportan más de 17 millones de toneladas de carga, de las cuales el 90% corresponde a hidrocarburos. A pesar de los riesgos ambientales, el Ministerio de Transporte ha prorrogado cinco veces la entrada en vigencia de la normativa, estableciendo fechas límite hasta 2039.
La medida de conversión a doble casco es crucial para minimizar los accidentes y prevenir la contaminación de fuentes hídricas que abastecen a más de 130 municipios. Sin embargo, las constantes dilaciones en la implementación de esta norma han permitido que muchas empresas continúen operando sin cumplir con los más altos estándares de seguridad, generando incertidumbre en el sector.
Expertos y organizaciones ambientales han expresado su preocupación por el riesgo latente que representa esta situación, recordando que en otras partes del mundo, como Estados Unidos, Unión Europea y Brasil, ya se han adoptado normativas estrictas para prevenir desastres ambientales, mientras que en Colombia, el aplazamiento de la medida continúa siendo la norma.
Con esta nueva prórroga, los detractores señalan que el gobierno está incumpliendo compromisos internacionales y dejando abiertas las puertas a posibles catástrofes ambientales. «La conversión a doble casco no solo es una medida de seguridad, sino una necesidad urgente para proteger el ecosistema y las fuentes de agua esenciales para la vida de miles de colombianos», subrayan los expertos.
La preocupación crece a medida que se aplazan las fechas de cumplimiento, y la comunidad exige que se refuerce la implementación de esta normativa antes de que sea demasiado tarde.
