El crimen del fiscal 30, Norbey Ruiz Correa, ha dejado más preguntas que respuestas, especialmente sobre la creciente inseguridad en Barranquilla y el Atlántico.
El funcionario, quien había sido parte de la Fiscalía General de la Nación por más de 15 años, fue asesinado el miércoles 19 de febrero tras un aparente atraco en el barrio José Antonio Galán. Tras retirar una suma de dinero de un centro comercial, Ruiz Correa fue interceptado por un delincuente, con quien forcejeó antes de recibir varios disparos mortales.
A pesar de las declaraciones iniciales que apuntan a un robo, las autoridades aún no han descartado otras posibles motivaciones, debido a la relevancia del fiscal en casos judiciales de alto perfil, como la denuncia por injuria contra Laura Ojeda, pareja de Nicolás Petro. Sin embargo, no existe evidencia que relacione directamente estos casos con el asesinato, lo que genera más incertidumbre sobre la naturaleza del crimen y llama la atención que en esta oportunidad no era ningún vendedor ambulante, sino en admiistrador de justicia.
Lo más alarmante es el perfil del atacante: un reconocido atracador que estuvo preso y había sido dejado en libertad, contando con una orden de captura vigente desde agosto de 2023 por múltiples robos. Este hecho plantea serias preguntas sobre el sistema judicial y la efectividad de las medidas de control, ya que el delincuente, en lugar de estar tras las rejas, estaba libre y dispuesto a cometer un crimen tan brutal como el que cobró la vida del fiscal.
¡Las autoridades y su capacidad de respuesta, más no preventiva!
La noticia del homicidio del fiscal genera una oleada de reacciones, sobre todo en la ciudadanía, que lamenta la creciente ola de violencia en la región. Los ciudadanos se muestran frustrados con la respuesta del gobierno y las autoridades, quienes recurren constantemente a ofrecer recompensas millonarias —como los $40 millones en este caso— para capturar a los responsables, pero no proporcionan soluciones efectivas que eviten más muertes como la de Ruiz Correa.
¿Realmente estas recompensas ayudan a prevenir los crímenes o solo sirven como una medida reactiva que no aborda las causas profundas de la violencia?
Con un aumento del 39% en los homicidios durante enero de 2025 y la constante expansión de la violencia en municipios como Soledad, Malambo y Galapa, la pregunta persiste:
¿Qué están haciendo las autoridades para evitar más muertes violentas?.
¿Realmente estamos ante un sistema de seguridad eficaz o solo ante una cadena de medidas reactivas que, al final, no detienen la ola de criminalidad que sigue cobrando vidas inocentes?
El sindicato Asonal Judicial también ha condenado el crimen, exigiendo a la Policía que se aceleren las investigaciones. A medida que los detalles de la investigación salen a la luz, queda claro que este crimen no es solo una tragedia personal, sino también una alarmante muestra de la inseguridad que afecta a la región y que sigue sin recibir una respuesta contundente.
