Antonio Sanguino, quien fue designado hoy como el nuevo Ministro de Trabajo del Gobierno de Gustavo Petro, reemplazando a Gloria Inés Ramírez, se encuentra en medio de un proceso judicial tras ser imputado por la Fiscalía General de la Nación en octubre de 2024.
La Fiscalía le imputó los delitos de tráfico de influencias de servidor público y cohecho impropio. Los señalamientos de corrupción están relacionados con su periodo como concejal de Bogotá por el Polo Democrático Alternativo, cuando presuntamente habría utilizado su posición para presionar el nombramiento de una cuota política en el Hospital de Usme.
Además, Sanguino es señalado de haber realizado acuerdos ilegales para repartir recursos destinados a la construcción de dicho centro asistencial. En esa época, Samuel Moreno era el alcalde de Bogotá, y las investigaciones apuntan a que el exconcejal habría intentado beneficiarse de los recursos públicos para intereses personales.
Aunque la imputación no implica una condena inmediata, la situación de Sanguino está siendo seguida de cerca, mientras asume su nuevo cargo como Ministro de Trabajo. El político deberá enfrentar el proceso judicial en curso mientras continúa con sus funciones en el gobierno.
