La Procuraduría General de la Nación ha iniciado una investigación contra más de 10 servidores públicos, incluidos comandantes de la Fuerza Pública y funcionarios de alcaldías locales, por presuntamente no haber tomado las acciones necesarias tras la alerta temprana emitida por el Ministerio Público sobre la creciente violencia en Barranquilla y su área metropolitana.
De acuerdo con la Procuraduría, los investigados no implementaron de manera adecuada los planes de acción para mitigar los riesgos, a pesar de haber recibido la advertencia sobre los peligros inminentes entre 2019 y 2023. Según el informe, esta falta de respuesta oportuna podría haber contribuido a la intensificación de los hechos violentos en la región.
En la alerta temprana emitida por el Ministerio Público, se destacaba el “riesgo inminente” para las comunidades de Barranquilla, Puerto Colombia, Soledad, Malambo y Galapa, debido a la presencia de al menos cinco grupos armados ilegales que se disputan el control territorial y las actividades ilícitas. Entre los sectores más vulnerables se incluyen comerciantes, líderes sociales, defensores de derechos humanos, docentes, estudiantes universitarios y miembros de la comunidad LGBTI.
Los funcionarios investigados incluyen al comandante del Gaula Militar Caribe, Ricardo Andrés Díaz Pérez; al comandante de la Segunda Brigada del Ejército, José Luis Agudelo Jaimes; al comandante del Batallón de Policía N.º 2 de Barranquilla, Jorge Armando Ortiz Toro; al secretario del Interior del Atlántico, Yesid Turbay Pereira; y al subsecretario de Participación Comunitaria del Atlántico, Jaime Navarro Herrera, entre otros.
El Ministerio Público señala que estos funcionarios, al no atender la alerta temprana de forma adecuada, podrían haber puesto en riesgo la seguridad y la estabilidad de miles de habitantes en la región. La investigación continuará su curso con el objetivo de esclarecer las responsabilidades y determinar las acciones correspondientes.
