Un nuevo capítulo de violencia sacudió el Catatumbo, donde este jueves 16 de enero, los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias del Estado Mayor Central (EMC) de las Farc dejaron al menos cuatro firmantes del acuerdo de paz muertos.
Este ataque, que se produjo en la vereda Los Pinos, en zona rural de la región, forma parte de la creciente espiral de violencia que vive el noreste de Colombia, donde los grupos armados ilegales luchan por el control territorial.
Según información de la ONG especializada Indepaz, los cuatro firmantes de paz asesinados este jueves fueron Pedro Rodríguez Mejía, Jhon Carlos Carvajalino, Albeiro Díaz Franco y Yurgen Martínez Delgado. Los crímenes ocurrieron en veredas y corregimientos de los municipios de El Tarra, Convención y Teorama.
La Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), enfatizó que los excombatientes fueron sacados de sus casas y ejecutados, en una muestra más de la barbarie que caracteriza los enfrentamientos entre estos dos grupos armados. Aunque inicialmente la Misión de la ONU en Colombia reportó cinco víctimas, la cifra fue corregida a cuatro, lo que no resta gravedad al ataque.
La situación en el Catatumbo ha llegado a niveles alarmantes. Miles de habitantes de los municipios de Ábrego, Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, La Playa, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú, se encuentran atrapados entre los dos frentes de combate, en medio de un conflicto que parece no tener fin. En las últimas horas, imágenes de docentes huyendo del fuego cruzado en motocicletas han dado cuenta de la desesperación que vive la población. Al menos 50 profesores se vieron obligados a abandonar sus lugares de trabajo y refugiarse en otros sitios debido al peligro inminente.
En respuesta a esta situación, los alcaldes de los municipios afectados, junto con los de otras localidades cercanas como Ocaña, Cáchira, y Bucarasica, han redactado una carta solicitando de manera urgente la creación de un corredor humanitario. Este corredor, que sería apoyado por aeronaves de la Fuerza Aérea, permitiría evacuar a los heridos, recuperar los cadáveres y permitir la entrada de alimentos y asistencia médica a la zona.
Además, los alcaldes pidieron al Gobierno Nacional que garantice atención integral a las víctimas del conflicto, ya que los municipios no cuentan con los recursos necesarios para afrontar la magnitud de la crisis humanitaria. En la carta también se hace un llamado para que se acelere la ejecución del Pacto Social para la Transformación Territorial del Catatumbo, un plan que busca mejorar las condiciones de vida de los habitantes de esta convulsa región.
La situación de orden público en el Catatumbo requiere una respuesta inmediata. El Gobierno Nacional debe actuar con rapidez para evitar mayores pérdidas humanas y detener el desplazamiento forzado de miles de personas que ya viven bajo el constante temor de los enfrentamientos entre estos grupos guerrilleros.
