El 15 de enero de 2025, el presidente Gustavo Petro y su Gabinete continuaron con el primer cónclave del año, donde se afinan los planes de acción del Gobierno para enfrentar los retos económicos y fiscales que se perfilan para el país. La jornada, que se extendió hasta la tarde, dejó claro que, pese a las dificultades económicas, el Gobierno buscará reorientar sus prioridades hacia una gestión eficiente, inversión en áreas clave y, muy posiblemente, una nueva reforma tributaria.
Austeridad y recortes: la respuesta a la crisis fiscal
El principal desafío para el Gobierno en este inicio de año es el déficit fiscal que se proyecta para 2025, consecuencia del hundimiento de la reforma tributaria en el Congreso. Como respuesta, el Gobierno ha decidido implementar un plan de austeridad que recortará el presupuesto de todos los ministerios y entidades gubernamentales. Entre las medidas anunciadas, destacan la reducción de viáticos para funcionarios, recortes en gastos publicitarios y de eventos, así como el control de horas extras y una disminución de la contratación para la prestación de servicios.
Esta estrategia busca optimizar los recursos disponibles y minimizar el impacto del aplazamiento de 12 billones de pesos en el presupuesto general del país. Estos recortes, aunque necesarios para la contención del déficit fiscal, no dejan de generar incertidumbre sobre el impacto que tendrán en sectores clave como la educación, la salud, el deporte y la cultura, que ya sufrieron recortes en el presupuesto del año anterior. De hecho, la inversión en estas áreas, que son fundamentales para el desarrollo social y la búsqueda de la igualdad en el país, será una de las principales prioridades del Gobierno durante este 2025.
Reformas y el futuro de la tributaria
Aunque el Gobierno aún no ha abordado en profundidad el tema de la reforma tributaria durante este cónclave, la posibilidad de presentar una nueva iniciativa legislativa sigue sobre la mesa. En caso de que los recortes no sean suficientes para cubrir el déficit, el Ejecutivo podría buscar una nueva fuente de ingresos a través de una reforma tributaria o un proyecto de ley de financiamiento.
Alexander López, director de Planeación Nacional (DNP), confirmó que el Gobierno no descarta esta opción, aunque destacó que en este momento la prioridad es la ejecución eficiente del presupuesto y la garantía de que los recursos se asignen de manera equitativa y responsable. Sin embargo, la presentación de una nueva reforma tributaria podría generar fricciones en el Congreso, lo que obliga al Gobierno a negociar cuidadosamente con los diferentes sectores políticos y económicos del país.
Desafíos en la agenda legislativa
Uno de los aspectos clave que aún debe abordar el Gobierno es la definición de la agenda legislativa para 2025. Según Juan Fernando Cristo, ministro del Interior, durante los dos primeros días del cónclave no se trataron temas legislativos, aunque se espera que en la jornada final se concreten los proyectos estratégicos y las reformas más urgentes que serán presentadas al Congreso.
En este contexto, las leyes relacionadas con la competencia y la mejora de la eficiencia del Estado son algunas de las que el Gobierno podría impulsar, especialmente si se considera que la reforma tributaria será solo una parte de un proceso más amplio de reestructuración y fortalecimiento del aparato estatal.
Proyección hacia el futuro
El cónclave de enero 2025 representa un momento crucial para el Gobierno de Petro, ya que establece las bases para la gestión de los próximos años. A pesar de las dificultades fiscales, el Ejecutivo se compromete a mantener la inversión en áreas sociales clave, como educación y salud, que son pilares fundamentales para cumplir con los objetivos de equidad y desarrollo del país.
La implementación de un plan de austeridad y la posible presentación de una nueva reforma tributaria son solo algunas de las acciones que el Gobierno está considerando para reequilibrar las finanzas públicas. Sin embargo, los retos son grandes y las decisiones que se tomen en los próximos meses tendrán un impacto significativo en la estabilidad económica y social de Colombia. El equilibrio entre austeridad, inversión social y reformas estructurales será clave para garantizar el crecimiento económico sostenido y la mejora de las condiciones de vida de los colombianos en 2025 y más allá.
