- La entidad continúa advirtiendo el impacto adverso para clínicas y hospitales y principalmente para pacientes si se insiste en una UPC calculada deficientemente.
- Se hizo un llamado a que la definición del valor que financia la salud de las personas (UPC) sea el resultado de un análisis técnico integral y representativo tal como lo exige la ley.
- La entidad advierte que se debe permitir superar la crisis financiera que enfrenta el sistema y que incide en la escasez y falta de suministro de tratamientos y medicamentos así como en el cierre de servicios por parte de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud.
- También, pidió los análisis y recomendaciones del grupo técnico para la obtención de la cifra establecida por la cartera de salud, además si contemplan nuevos ajustes por condiciones de salud.
La Procuraduría General de la Nación requirió nuevamente al ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo, información acerca del procedimiento técnico para la estimación de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para el 2025.
También, el Ministerio Público exhortó nuevamente a los funcionarios del Ministerio a que la decisión sea producto de un proceso técnico y participativo, en el que se incorporen elementos ajustados a los cambios demográficos y epidemiológicos, tener en cuenta las cifras de inflación y frecuencia, así como los datos suficientes y representativos de las Entidades Aseguradoras de Planes de Beneficios en Salud (EPS).
Asimismo, se solicitaron los conceptos y análisis del Grupo de Apoyo Técnico y de la Comisión Asesora de Beneficios, Costos y Tarifas relacionados con la definición de la UPC en el año 2025, con el objetivo de efectuar seguimiento al cumplimiento de los principios de sostenibilidad y suficiencia del sector establecidos en la Ley Estatutaria de Salud.
Con este propósito, el organismo de control busca conocer las actas de las reuniones llevadas a cabo por el equipo, las reuniones de carácter técnico, si se implementaron mecanismo de retroalimentación para obtener información con calidad y también, las bases de datos que contengan el análisis de la información entregada por las EPS tanto del régimen contributivo y el subsidiado.
La intervención de la entidad se origina en el llamado de asociaciones de usuarios y pacientes, de representantes de hospitales y clínicas públicas y privadas y de expertos que se han pronunciado oficialmente y emitido estudios técnicos que concluyen la insuficiencia acumulada de la UPC.
Finalmente, la Procuraduría Delegada para Asuntos del Trabajo y Seguridad Social pidió al directivo si se ha previsto modificaciones en la metodología aplicada para dicha vigencia y si se contemplan nuevos ajustes por condiciones de salud.
