A pocas horas de la posible posesión de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, la controversia crece en Colombia por la decisión del presidente Gustavo Petro de enviar a su embajador en Caracas al acto en el parlamento venezolano.
La medida ha generado el rechazo de la mayoría de expresidentes y partidos políticos en Colombia, quienes consideran que el acto valida una «dictadura ilegítima» y es un gesto incoherente con las declaraciones previas del mandatario.
Aunque Petro ha dejado claro que no asistirá a la ceremonia y que no reconoce los resultados de las elecciones del 28 de julio en Venezuela, el envío del embajador Milton Rengifo a la posesión ha sido interpretado como un respaldo tácito al régimen de Maduro. Los críticos de la decisión consideran que, al enviar al embajador, Petro está validando la legitimidad de un proceso electoral que ha sido ampliamente cuestionado por la comunidad internacional.
La controversia también ha sido alimentada por la postura del presidente Petro, quien ha defendido su decisión al basarse en la propuesta del expresidente Ernesto Samper, quien sugirió mantener relaciones diplomáticas entre Estados y no entre gobiernos. Según Petro, las sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea, junto con la crisis económica y humanitaria en Venezuela, son las principales responsables de la situación que enfrenta la población venezolana, minimizando la responsabilidad del régimen en las violaciones a los derechos humanos.
Sin embargo, la posición del mandatario ha sido fuertemente rechazada por sectores políticos y sociales en Colombia, que ven en este gesto una legitimación de la dictadura de Maduro. Los principales opositores a la decisión, incluidos expresidentes y partidos como el Centro Democrático, consideran que la medida debilita la lucha por la democracia en Venezuela y demuestra falta de coherencia en la política exterior colombiana.
Por su parte, los aliados de Petro, principalmente los integrantes del Pacto Histórico, defienden la decisión, argumentando que el envío del embajador busca proteger los intereses de los colombianos en Venezuela y salvaguardar la relación bilateral en la extensa frontera compartida por ambos países. Sin embargo, la controversia no ha hecho más que crecer, y la postura del gobierno sigue siendo un tema candente en la política colombiana.
