El Tribunal Administrativo de Arauca aceptó una acción popular en contra de la Presidencia, el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior debido a la falta de control territorial y el incremento de la violencia en ese municipio.
La demanda fue interpuesta por la Fundación para el Estado de Derecho, quien recogió alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, además de informes de la Procuraduría General de la Nación, pruebas de la Organización de Naciones Unidas y artículos periodísticos que dejan en evidencia la crítica situación de orden público que vive esa región de Colombia.
“Los grupos al margen de la ley tienen control social y territorial del departamento. Constantemente, despliegan acciones que vulneran de forma sistemática los derechos colectivos de los habitantes. Hacen peajes ilegales, secuestros, amenazas, combates, confinamiento de trece comunidades indígenas, entre otros”, dijo la Fundación.
