El caso también ha salpicado a funcionarios públicos de Puerto Libertador y Montelíbano.
La Fiscalía General de la Nación enfrenta un plazo de seis meses, según una acción de tutela en etapa de impugnación, para definir si llama a imputación al presidente de Cerro Matoso, Ricardo Gaviria Jansa, y a otros directivos de la multinacional minera por presuntos delitos de contaminación ambiental y otros cargos relacionados.
El proceso, que lleva más de siete años en la etapa de indagación, fue objeto de un recurso presentado por Rafael Antonio Flórez Polo, Cacique Mayor del Cabildo Resguardo Indígena Zenú del Alto San Jorge. Flórez Polo denunció la demora de la Fiscalía y solicitó la protección de su derecho fundamental al acceso a la justicia.
En el marco de este caso, han surgido nuevas acusaciones que involucran al abogado Jaime Enrique Granados Peña, representante legal del presidente de Cerro Matoso. Según Flórez Polo, Granados habría presentado un acta de posesión presuntamente falsa, expedida por la Alcaldía de Montelíbano, que nombra a Eduardo Antonio Peñate Álvarez como Cacique Mayor del Resguardo.
El documento fue cuestionado mediante declaraciones juramentadas de Luis Alberto Beltrán Vides, Coordinador de Tierras del Resguardo, y Arnulfa Beatriz Pérez Arrieta, Síndica General. Ambos negaron haber firmado el acta y aseguraron que la reunión descrita en el documento nunca se llevó a cabo.
El Cacique Mayor Flórez Polo solicitó a la magistrada ponente, Lía Cristina Ojeda Yepes, que compulse copias para investigar a Granados por presunto fraude procesal, argumentando que el abogado intentaría desviar la atención del caso principal mediante el uso de un documento de dudosa legalidad.
El caso también ha salpicado a funcionarios públicos de Puerto Libertador y Montelíbano. Según denuncias, el secretario de Gobierno de Puerto Libertador, Roger David Guzmán Ruiz, habría otorgado una certificación irregular a Peñate Álvarez, a pesar de las recomendaciones del Ministerio del Interior en la circular CIR2020-92-DAI-2200, que advierte contra este tipo de actos en casos de conflictos internos.
Por su parte, el exalcalde de Montelíbano, José David Cura, firmó el acta de posesión en enero de 2023, un hecho que los denunciantes califican de ilegal, ya que aseguran que la reunión descrita en el documento nunca tuvo lugar.
