La exconsejera para las Regiones, Sandra Ortiz, fue enviada a prisión este miércoles tras su implicación en el escándalo de corrupción que involucra a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La decisión fue tomada por la juez tercera penal municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, quien consideró que existen pruebas suficientes para la posible comisión de los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias.
Ortiz, quien fue detenida bajo una orden judicial, se convierte en la primera mujer judicializada en este caso que ha destapado la Fiscalía General de la Nación. La exfuncionaria fue trasladada al penal El Buen Pastor de Bogotá.
Según la Fiscalía, Ortiz habría sido clave en el transporte de 3.000 millones de pesos en efectivo, los cuales fueron entregados al expresidente del Senado, Iván Name, con el propósito de financiar la campaña política de su hija, María Clara Name, para el Concejo de Bogotá. La investigación revela que Ortiz utilizó su camioneta asignada por la Unidad Nacional de Protección (UNP) para trasladar la maleta con el dinero, el cual fue entregado a Name en su residencia, cerca del centro comercial Unicentro, en el norte de Bogotá.
Las pruebas en contra de Ortiz incluyen interrogatorios a los involucrados en el saqueo, conversaciones de WhatsApp, datos de georreferenciación, videos y testimonios de los escoltas, los cuales fueron determinantes para el fallo. Además, se presentaron declaraciones clave de Olmedo López, uno de los implicados, que detalló reuniones en la Casa de Nariño, donde se habría pactado la entrega de contratos de la UNGRD en favor de Iván Name.
Este caso sigue siendo uno de los más relevantes en el ámbito político colombiano, ya que ha implicado a altos funcionarios y legisladores en un escándalo de corrupción que ya ha derivado en la judicialización de varias personas, incluidas figuras como el exdirector del Dapre, Carlos Ramón González, y el propio senador Iván Name.