En un nuevo giro en las investigaciones sobre la relación entre las Fuerzas Militares y los grupos paramilitares, Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, líder del Clan del Golfo, ha salpicado al excomandante general (r) Leonardo Barrero, quien actualmente está siendo investigado por su presunta complicidad con las autodefensas, su responsabilidad en los falsos positivos y sus vínculos con capos como alias ‘Matamba’.
Las declaraciones fueron entregadas a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en abril de 2024, en las cuales Otoniel detalló el primer encuentro con Barrero, ocurrido en 1996, en el contexto de la falsa desmovilización de guerrilleros del EPL. Según Otoniel, durante ese proceso, en colaboración con la familia Castaño, un grupo de guerrilleros desmovilizados fue en realidad incorporado a las filas paramilitares, bajo el falso pretexto de la desmovilización.
“Los Castaño buscaron contacto con el Gobierno e hicieron una desmovilización ahí ficticia. Llegaban, los formaban, los identificaban y decían que estaban desmovilizados, pero en realidad quedaban en las autodefensas”, explicó Otoniel.
El magistrado Gustavo Salazar, miembro de la JEP, viajó hasta Estados Unidos para interrogar a Otoniel, quien reveló que mantuvo comunicación constante con el general Barrero, señalando que este recibía pagos millonarios por sus «arreglos completos» con los grupos armados ilegales. «No se le pagaba una mensualidad, sino un pago por un arreglo completo… Eso es lo de Gordillo Barrero, lo de la acción en Casanare, pues allá se coordinaba con él para esas operaciones», afirmó Otoniel, refiriéndose a las actividades del general Barrero en la región durante su tiempo al mando de la Brigada de Casanare.
Otoniel también mencionó al exdirector del DAS de Casanare, Orlando Rivas, quien estaría al tanto de la relación de Barrero con el Clan del Golfo y otras organizaciones criminales. En su testimonio, Otoniel también vinculó a líderes políticos locales, revelando que en su momento, la financiación de las operaciones criminales se realizaba a través de contratos estatales, en los cuales los contratistas debían entregar el 5% de los mismos a las organizaciones armadas ilegales, incluido el grupo de Martín Llanos.
Estas nuevas revelaciones aumentan la presión sobre el exgeneral Barrero y otros funcionarios del Estado que, según Otoniel, habrían actuado en complicidad con grupos paramilitares y narcotraficantes. Las autoridades continúan investigando estos casos, con la esperanza de que las declaraciones de Otoniel ayuden a esclarecer los vínculos entre las estructuras del poder y el crimen organizado en Colombia.
