El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Alejandro Ramelli, respondió a las recientes críticas de Rodrigo Londoño, líder del partido Comunes, sobre el desempeño de la JEP en los casos contra exguerrilleros de las FARC. Durante un evento en Cartagena, Ramelli destacó los retos a los que se enfrenta la JEP para avanzar en los procesos judiciales, especialmente en un contexto de limitación de tiempos y recursos.
Londoño había cuestionado la labor de la JEP, sugiriendo que la entidad se había “descarrilado” de su misión, aludiendo a presuntos incumplimientos en los acuerdos de paz y el retraso en los juzgamientos. En particular, hizo referencia a la posibilidad de que los casos de los excombatientes sean asumidos por la justicia ordinaria, en lugar de continuar bajo la jurisdicción especial como ha sido el proceso desde la firma del acuerdo.
El exguerrillero indicó que, de los 9.906 firmantes de paz, solo 800 han comparecido ante la JEP, mientras que se han otorgado 827 amnistías de las 5.065 solicitudes realizadas. Frente a esto, el magistrado Ramelli expresó su preocupación por la falta de tiempo para avanzar en las investigaciones y la situación jurídica de los involucrados, pero aseguró que la JEP hará todo lo posible para encontrar soluciones legales que permitan agilizar los procesos.
“Tenemos tiempos limitados y vamos a hacer todo nuestro esfuerzo en buscar las fórmulas jurídicas para que eso no suceda, precisamente para todos aquellos que han apostado al proceso de paz tengan resuelta su situación jurídica”, señaló Ramelli.
Además, hizo un llamado a la Fiscalía General de la Nación, instándola a enviar la lista completa de los procesos pendientes para evitar la inseguridad jurídica en relación con los máximos responsables. “Los tiempos corren en contra nuestra, entonces por eso la urgencia de que la Fiscalía nos envíe prontamente los radicados de los expedientes para resolver la situación jurídica de los máximos responsables”, añadió.
Ramelli también destacó la importancia de identificar a los máximos responsables, no solo por el impacto que esto tiene en las víctimas, sino por el valor histórico que representa para el país. “A las víctimas les hemos dado una respuesta no solamente en determinar máximos responsables, sino patrones macrocriminales, entonces son verdades que el país no conocía y que judicialmente estamos determinando”, concluyó.
Este intercambio de declaraciones subraya la tensión existente entre las diferentes partes del proceso de paz, en un contexto en el que la JEP enfrenta presiones para cumplir con los compromisos adquiridos mientras busca una solución jurídica a los casos pendientes.
