Emilio Tapia Aldana, el contratista cordobés involucrado en el escándalo de corrupción de Centros Poblados, aceptó su responsabilidad en el caso y firmó un preacuerdo con la Fiscalía General.
En su declaración, Tapia reconoció su participación en el desvío de recursos destinados a la conectividad rural, comprometiéndose a devolver los 5.000 millones de pesos del anticipo que recibió del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC).
El empresario, conocido por su vinculación en el carrusel de la contratación en Bogotá, detalló que ya ha devuelto la mitad de la suma que se quedó de manera irregular. En el marco del preacuerdo, Tapia se declaró culpable de tres delitos y, como parte del acuerdo, recibirá una condena de seis años y tres meses de prisión, además de realizar un acto de excusas públicas por su conducta.
La Fiscalía destacó que este acuerdo busca avanzar en el proceso judicial y recuperar parte de los recursos públicos malversados en el escándalo.
