A tan solo 40 días de finalizar 2024, las cifras de muertes violentas en Barranquilla y el Atlántico alcanzan niveles alarmantes, dejando al descubierto un fracaso en las políticas de seguridad implementadas tanto por la Alcaldía de Barranquilla, encabezada por Jaime Pumarejo, como por la Gobernación del Atlántico, bajo la gestión de Elsa Noguera, y en particular, la Oficina de Seguridad dirigida por Yesid Turbay.
En lo que va del año, ya se han reportado 771 muertes violentas en el departamento, una cifra aterradora que, proyectada, podría llegar a 826 muertes para finales de diciembre. Este aumento, que no incluye los fallecimientos por accidentes de tránsito o suicidios, demuestra un desbordamiento de la criminalidad que parece no tener freno. De estas muertes, 703 han ocurrido en el Área Metropolitana de Barranquilla, y los números continúan subiendo sin una respuesta efectiva de las autoridades locales.
Es incomprensible cómo, a pesar de la implementación de diversas medidas y la contratación de asesores de seguridad bajo la administración de Alejandro Char, las cifras de violencia continúan en ascenso. Se han invertido recursos en consultorías y planes de seguridad, pero el resultado es un municipio y un departamento sumidos en una ola de homicidios, desplazamientos forzados y delincuencia organizada que parece desbordar todas las capacidades del Estado.
A la falta de una estrategia clara, se suma la falta de resultados visibles. ¿Qué pasa con los asesores contratados por la administración de Char? ¿Cómo explican los funcionarios, como Yesid Turbay, que Barranquilla, una ciudad que en su momento fue ejemplo de desarrollo y seguridad, esté ahora enfrentando cifras de criminalidad comparables con las de las ciudades más violentas del país?
Este fracaso rotundo, reflejo de una falta de acción y de visión a largo plazo en materia de seguridad, es una condena a la sociedad civil, que cada vez más se siente abandonada por las autoridades encargadas de protegerla. En los últimos cinco años, Barranquilla y el Atlántico han sido testigos de un ciclo de violencia sin interrupciones, con ninguna hoja de ruta clara por la vida, y con escasas respuestas ante las advertencias de expertos en seguridad.
La administración actual ha fallado en ofrecer un plan integral que permita erradicar las causas profundas de la violencia, como la pobreza, el tráfico de drogas y la falta de oportunidades, y que contemple medidas de prevención, acción efectiva y, sobre todo, una estrategia de reintegración social para los jóvenes en riesgo.
Es urgente que las autoridades locales y regionales se hagan responsables de la situación, se dejen de excusas y actúen con decisión.
La seguridad de los barranquilleros y atlanticenses no puede seguir siendo una promesa vacía.
