Los representantes de los cabildos indígenas de Torrente, Isla de Gallinazo y El Reparo, en Coveñas; al igual que Bajo Grande y Porvenir, en San Antero, entre otros, están a la espera de las respuestas, pero sobre todo las acciones que emprenda el Gobierno Nacional ante las solicitudes que le han hecho por la situación que están viviendo por los inconvenientes con empresas estatales, como Ecopetrol, en el área de influencia de estas comunidades.
En la más reciente comunicación dirigida al presidente Gustavo Petro y demás funcionarios del Gobierno les expusieron las supuestas «afectaciones sufridas por los grandes procesos de transformación del territorio por la industria, el flagelo de atropellos y abandono por estas empresas del Estado». Mencionan a Ecopetrol, Cenit, Ocensa, ODC y Bicentenario.
«La falta de inversión social, degradación ambiental, la carencia de políticas de prosperidad a nuestro territorio, el fortalecimiento de políticas de participación y generación de empleo a nuestras comunidades indígenas, el desplazamiento de nuestras empresas locales, que reiteramos son las únicas que facilitan dentro de su alcance la oportunidad al empleo a nuestras comunidades», reza en la comunicación.
Añaden que dichas acciones negativas ponen en riesgo la cultura, los valores, tradiciones, autoridades y forma de vivir, lo cual «se constituye en una amenaza permanente a la seguridad de nuestros cabildos, cuyos territorios y recursos de subsistencia se ven disminuidos».
Por ello, le solicitan al Estado que atienda las solicitudes contenidas no solo en oficios como el reciente sino en otros más que le han compartido a otras autoridades tanto regionales.
La solicitudes de las poblaciones indígenas de Coveñas y San Antero se han intensificado desde septiembre cuando hicieron una minga para exigir, con vías de hecho, la intervención del Estado.
