Fuentes internas de la Fiscalía General de la Nación han revelado detalles preocupantes sobre el desarrollo del caso de Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro.
Según estas versiones, la estrategia liderada por Luz Adriana Camargo, conocida como la “Fiscal de Bolsillo” del mandatario, estaría enfocada en aprovechar el vencimiento de términos para dilatar el proceso judicial.
Se especula que esta maniobra podría extenderse durante todo el 2024, dejando el desenlace del caso para mediados de 2025. Estas acciones han generado descontento entre sectores que consideran que no habrá justicia, señalando que el resultado del caso ya estaría preestablecido.
Las posibles implicaciones de esta estrategia suscitan interrogantes sobre la independencia de las instituciones judiciales y la confianza de los ciudadanos en la administración de justicia. Para muchos, este escenario no solo afecta el caso de Nicolás Petro, sino que también refleja una problemática estructural en el manejo de los procesos judiciales de alto perfil en Colombia.
El caso sigue siendo un tema de alto interés público, y la opinión generalizada parece coincidir en que no deben bajarse los brazos en la exigencia de una justicia transparente y equitativa.
¿Está de acuerdo con esta percepción?
¿Qué implicaciones tendría para la justicia en el país?
