La Contraloría General del Magdalena ha abierto una investigación fiscal registrada bajo el radicado Q-47-23-0030 contra la exgerente del Hospital San Rafael de Fundación, Diana Celedón Sánchez, y un presunto pariente suyo, el contratista Edwin Sánchez Barbosa, por posibles irregularidades que habrían causado un detrimento patrimonial a la entidad pública.
El proceso de investigación, iniciado tras una denuncia presentada por un particular, se centra en la celebración de varios contratos de obra y servicios con la empresa SODE INGENIERIAS S.A.S., por un monto total de más de $1.200 millones. Según el informe preliminar de la Contraloría, las pruebas aportadas por el denunciante sugieren que las obras y servicios contratados para el Hospital San Rafael no habrían cumplido con el objeto pactado, lo que podría implicar un uso inadecuado de los recursos públicos.
Jorge Durán, jefe de la Oficina Jurídica de la Contraloría, explicó que el órgano de control inició acciones dentro de su marco de competencia para verificar si se respetaron las formalidades legales en la ejecución de los contratos. En particular, la investigación se enfoca en el Contrato de Obra No. 001 de 2023, suscrito el 3 de enero de 2023, que tenía como objeto el mantenimiento general y modificaciones en diferentes áreas del hospital, por un valor de $580 millones. La denuncia sostiene que, a pesar de la inversión, no se cumplió con el mantenimiento necesario en las instalaciones del hospital.
Contratos bajo investigación
Además del contrato mencionado, la Contraloría también investiga otros dos acuerdos relacionados con la empresa SODE INGENIERIAS S.A.S.:
- Contrato de Prestación de Servicios No. OPJ-26 del 3 de abril de 2023, por valor de $220 millones, que tenía como objetivo el mantenimiento preventivo y correctivo general de la infraestructura del hospital.
- Contrato de Obra No. 004, suscrito el 10 de noviembre de 2022, por $400 millones, cuyo objeto era la reparación y mantenimiento locativo para la atención de emergencias de la entidad.
Las irregularidades presuntamente detectadas en estos contratos están siendo evaluadas por la Contraloría para determinar si hubo desvíos de recursos o incumplimiento en la ejecución de los trabajos.
Posible conflicto de interés
Un punto que ha llamado la atención en esta investigación es el vínculo entre la exgerente Diana Celedón Sánchez y el contratista Edwin Sánchez Barbosa, quien se presume sería pariente cercano de la exfuncionaria. Esto ha generado dudas sobre posibles conflictos de interés en la adjudicación y ejecución de los contratos.
La Contraloría también informó que se están llevando a cabo las etapas de valoración para la construcción del informe técnico sobre las denuncias presentadas. De comprobarse alguna irregularidad, podrían derivarse acciones correctivas y sanciones para los responsables.
Investigación adicional por parte de la Procuraduría
Por su parte, la Procuraduría Provincial del Magdalena también ha comenzado su propia investigación. Mediante un auto fechado el 9 de noviembre de 2023, se ordenó la apertura de una indagación preliminar contra varios funcionarios de la E.S.E. Hospital San Rafael, por presuntas irregularidades relacionadas con los contratos de prestación de servicios.
La Procuraduría precisó que las investigaciones se centran en presuntas irregularidades cometidas en la celebración y ejecución de los contratos de servicios, particularmente aquellos firmados con la empresa SODE INGENIERIAS S.A.S..
Conclusiones preliminares
El caso sigue generando atención en la región, ya que los hospitales públicos enfrentan serias dificultades para cumplir con sus necesidades básicas de infraestructura y equipamiento, mientras que los recursos destinados a su funcionamiento deben ser manejados con total transparencia.
Tanto la Contraloría General del Magdalena como la Procuraduría Provincial han expresado su compromiso con la protección de los recursos públicos y la lucha contra la corrupción, asegurando que se tomarán las medidas necesarias para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables, en caso de encontrarse pruebas de mal manejo de los recursos.
