En medio de la creciente polémica y las críticas generadas por diversos sectores de la sociedad, el Ministerio de Transporte sigue adelante con la socialización del proyecto de cobro de valorización para la ruta Barranquilla-Cartagena Circunvalar de la Prosperidad. Esta medida, que afecta a cientos de predios en la región, ha sido defendida por la ministra María Constanza García Alicastro, quien aclaró en varias ocasiones los detalles y los objetivos detrás de este proceso.
El cobro de valorización no es un nuevo impuesto, sino una compensación por el aumento del valor del suelo que se genera como resultado de las inversiones en infraestructura pública, como es el caso de la Circunvalar de la Prosperidad. Esta es una práctica contemplada en la Ley 1819 de 2016, que establece cómo deben ejecutarse estos cobros para financiar proyectos de infraestructura que mejoren las condiciones de la zona.
¿Quiénes se verán afectados?
Según la ministra, 147 mil predios serán los que estarán sujetos a este cobro, que se basa en la capacidad de pago de los propietarios. Esto significa que las personas que posean más de dos propiedades o tengan un mayor nivel adquisitivo podrían verse más comprometidas con este pago. Por otro lado, predios en estratos 1, 2 y 3 y aquellos pertenecientes al régimen del Sisbén A y B están completamente exentos de este cobro. También se excluyen las unidades agrícolas familiares.
En total, se espera que el cobro de valorización afecte a los habitantes de 10 municipios en el Atlántico, una medida que, según el gobierno, se enmarca dentro de la ley y la normatividad vigente, y que se encuentra bien estructurada para garantizar su efectividad y equidad.
Las críticas y defensa del Ministerio
El anuncio del cobro de valorización ha generado una serie de quejas y reclamos por parte de la comunidad, empresarios y políticos locales. Muchos temen que el impacto económico sea demasiado alto, especialmente para los sectores más vulnerables. Sin embargo, la ministra García Alicastro fue clara al señalar que la valorización no está pensada para cobrar el costo total de las obras, sino más bien el beneficio que los proyectos de infraestructura generan sobre el valor del suelo.
“Este no es un proyecto piloto. Es una medida bien pensada y diseñada que responde a un marco regulatorio claro, que tiene en cuenta la capacidad de pago de los 147 mil predios que están involucrados”, afirmó la ministra en una intervención pública el 5 de noviembre. También destacó que el proyecto de valorización es el primero en su tipo en el país que ha sido diseñado y ejecutado bajo una metodología técnica, lo que asegura la transparencia y el manejo adecuado de los recursos.
Los próximos pasos
El proceso de socialización sigue su curso y el gobierno espera que, para el mes de marzo de 2024, los primeros recibos de valorización lleguen a los usuarios afectados. A partir de ese momento, los propietarios de los predios serán responsables de pagar el valor que les corresponda según el aumento del valor de su propiedad debido a las obras de infraestructura.
La ministra también aprovechó para hacer un llamado a la comunidad a informarse correctamente sobre el proceso, destacando que la socialización es una de las fases más importantes del proyecto, que busca garantizar la equidad y que los cobros se realicen de acuerdo con las capacidades económicas de cada propietario.
¿Qué se espera de este proyecto?
A pesar de la controversia, el gobierno sigue convencido de que la valorización es una herramienta útil para financiar grandes obras de infraestructura que mejoren la calidad de vida en las regiones. La ministra García Alicastro enfatizó que el proyecto es clave para el desarrollo de la región Caribe y que, a largo plazo, las mejoras en la conectividad y en la movilidad tendrán un impacto positivo en toda la comunidad.
Mientras tanto, la socialización continuará en los próximos meses, buscando un diálogo abierto con la comunidad para resolver inquietudes y ajustar aspectos del proyecto en caso de ser necesario.
Con el cobro de valorización, el gobierno colombiano apuesta por optimizar recursos para grandes proyectos de infraestructura, pero, al mismo tiempo, la sociedad espera que se logre un equilibrio entre el beneficio público y la capacidad de pago de los ciudadanos afectados.
