Los migrantes que intentan cruzar México hacia los Estados Unidos están siendo víctimas de un control estricto ejercido por cárteles de la droga y grupos criminales organizados, quienes exigen pagos a los viajeros para permitirles continuar su trayecto. En casos de no cumplir con el pago, los migrantes son secuestrados y retenidos hasta que se logre obtener el dinero solicitado, en una violación a los derechos humanos que persiste a lo largo de las rutas migratorias del país.
A lo largo de la frontera sur de México, se han documentado secuestros masivos. Migrantes de diversas nacionalidades han contado sus experiencias de ser retenidos en casas de seguridad, donde les exigen pagos de entre 100 y 200 dólares para su liberación. Aquellos que logran pagar el rescate reciben un sello en sus documentos como prueba de que ya han cumplido con la extorsión. Este sello, que certifica que la persona ha pagado, les permite continuar su camino, aunque son conscientes de que este proceso podría repetirse más adelante en su viaje.
De acuerdo con un informe de The Associated Press, más de 150.000 migrantes fueron interceptados por agentes de inmigración en el sur de México entre enero y agosto de este año, aunque este número representa solo una fracción del total de migrantes que transitan por el país en su intento por llegar a la frontera de EE. UU. En este contexto, la migración se ha convertido en una mercancía muy lucrativa para los cárteles, que controlan el paso de miles de personas.
El Reverendo Heyman Vázquez, un sacerdote que trabaja en la región de Ciudad Hidalgo, describió cómo los cárteles son los encargados de decidir quién puede pasar y quién no a través de la frontera. “La cantidad de migrantes que se llevan todos los días es grande y lo hacen frente a las autoridades”, aseguró, haciendo énfasis en la impunidad con la que operan estos grupos criminales.
Los migrantes no solo enfrentan extorsiones por parte de los cárteles, sino también violencia y abuso. Se ha informado que algunos migrantes que no pueden pagar los rescates suelen ser víctimas de violencia sexual, mientras que otros son agredidos físicamente. Las organizaciones de derechos humanos en Tapachula han alertado sobre la situación y han documentado casos de migrantes que han sido sometidos a este tipo de abusos.
La situación en Tapachula y Ciudad Hidalgo es especialmente crítica, pues miles de migrantes esperan allí para poder continuar su camino, mientras enfrentan tanto los riesgos del crimen organizado como las dificultades para acceder a recursos y asistencia humanitaria. A pesar de las denuncias y el conocimiento de las autoridades, las intervenciones para detener este fenómeno han sido limitadas. Según el Reverendo Vázquez, las autoridades mexicanas, incluyendo la Guardia Nacional y la Fiscalía Especial para Delitos contra Migrantes, no hacen lo suficiente para frenar los abusos, y a menudo están coludidos con los cárteles.
La creciente violencia y el control territorial de los grupos armados en el sur de México han complicado aún más la situación para los migrantes, que se encuentran atrapados en una red de extorsión y abuso en su lucha por llegar a los Estados Unidos.
A pesar de los esfuerzos por parte de las autoridades mexicanas para manejar el flujo migratorio, como la creación de corredores de movilidad para que los migrantes puedan viajar de forma más segura, muchos continúan siendo víctimas del crimen organizado, especialmente en las regiones de Chiapas y Guatemala.
