La Procuraduría General de la Nación, bajo la dirección de Margarita Cabello, no se sabe por qué, pero interveno en el proceso judicial abierto por la Fiscalía contra Vicky Dávila, directora de la Revista Semana, y hasta nombró a un agente especial para supervisar el caso y asegurar la protección de la libertad de prensa.
La decisión de la Procuraduría se produce tras la controversia generada por la investigación que la Fiscalía inició contra Dávila, en la que la periodista ha señalado la falta de claridad en las acusaciones. Según la Procuraduría, el análisis inicial indica que la investigación carece de bases sólidas, enfatizando que la reserva de las fuentes es un derecho protegido por la Constitución y una garantía fundamental para el ejercicio del periodismo.
El caso se originó cuando la Fiscalía notificó a Dávila sobre la apertura de una noticia criminal en su contra, sin especificar los hechos que motivaron dicha investigación. En respuesta, la periodista y su equipo han defendido su derecho a proteger sus fuentes, denunciando la acción judicial como un intento de deslegitimar su trabajo investigativo. «La reserva de las fuentes no solo está garantizada en la Constitución, sino que es el corazón de nuestra labor», afirmó Dávila en un video publicado en sus redes sociales.
La situación se intensificó cuando Dávila acusó a la fiscal Luz Adriana Camargo de recibir órdenes directas del presidente Gustavo Petro, sugiriendo que el mandatario estaría detrás del proceso para controlar y limitar la prensa crítica. En respuesta, Petro utilizó su cuenta en la red social X para negar cualquier influencia sobre la Fiscalía, afirmando: «No hay una Fiscalía que obedezca ni mis órdenes ni las de ningún dirigente político».
Aunque la Fiscalía no ha proporcionado detalles específicos sobre las causas de la investigación, se ha informado que la denuncia fue presentada por el ciudadano Orlando José Serpa, quien acusa a Dávila de haber accedido a información a través del software de espionaje Pegasus durante el gobierno de Iván Duque. Dávila ha rechazado estas acusaciones, afirmando: «No tengo nada que ver con Pegasus. Petro lo sabe. El país lo sabe».
El nombramiento del agente especial por parte de la Procuraduría es un paso significativo en este proceso, con Cabello defendiendo la importancia de proteger el derecho a la reserva de las fuentes. La Procuraduría ha reiterado que el acceso a fuentes confidenciales es esencial para el desarrollo de investigaciones periodísticas sin presiones, y se compromete a velar por el respeto de estos derechos en el caso de Dávila.
La intervención de la Procuraduría en este asunto resalta la tensión existente entre el periodismo independiente y las instituciones del Estado, en un contexto donde la libertad de prensa se encuentra bajo creciente escrutinio.
