El reciente cambio de interventor en la empresa Air-e, que ha llevado a la salida de Carlos Diago, plantea un escenario complejo en el contexto político y empresarial colombiano.
Por David Awad V.
Este movimiento no solo responde a la presión ejercida por los antiguos dueños de la compañía, liderados por Alberto Ríos Velilla, sino que también es una evidente muestra de las dinámicas de poder en la administración del presidente Gustavo Petro y su relación con el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa
La designación de un nuevo interventor puede ser interpretada como un cumplimiento de las expectativas políticas del gobernador Verano, quien ha abogado por la exclusión del Impuesto de la Seguridad Ciudadana en las facturas de los usuarios. Esta medida, aunque popular entre los ciudadanos, plantea interrogantes sobre el impacto financiero en la empresa y su capacidad para operar eficientemente.
La salida de Carlos Diago, un candidato respaldado por el anterior Superintendente de Servicios Públicos, Dagoberto Quiroga, no es sorprendente. Su nombramiento, que se dio en contravía de los intereses de Ríos Velilla y de funcionarios influyentes como Laura Sarabia y Ricardo Roa, ya había generado tensiones. Esto, enmarcado dentro de un contexto de fragilidad de las posiciones en el sector eléctrico y cómo las decisiones políticas pueden influir en la dirección de empresas clave.
La decisión de no incluir el impuesto en las facturas podría aliviar temporalmente la carga económica de los usuarios, pero también plantea el riesgo de comprometer la viabilidad financiera de Air-e. Si la empresa no puede sostener su operación sin esos ingresos, podrían surgir problemas más graves a largo plazo, afectando la calidad del servicio y la infraestructura eléctrica en la región.
El cambio de interventor en Air-e es un reflejo de las tensiones políticas y económicas que caracterizan el entorno actual en Colombia. Aunque la medida puede ser vista como una victoria para los aliados del presidente Petro, es crucial considerar las posibles repercusiones que podría tener en la estabilidad de la empresa y en la calidad del servicio eléctrico.
La situación demanda un seguimiento cercano para evaluar cómo se desarrollará este nuevo capítulo en la administración de Air-e y sus efectos en los ciudadanos del Atlántico.
