martes, octubre 22, 2024

Lista cerrada para el Senado en Atlántico: una imposición que ignora la voz ciudadana

La reciente implementación de la lista cerrada para el Senado de la República en el Atlántico ha generado un amplio descontento entre diversos sectores de la población.

Por David Awad V.
Considerada por muchos como una “imposición indecente“, esta medida ha llevado a un abandono total de las necesidades e intereses de los ciudadanos, reflejándose en los resultados electorales.

Críticos de la reforma política apuntan que esta estrategia carece de un enfoque genuino en la función electoral del Congreso, considerándola superficial e insuficiente. La reforma parece tener una perspectiva electoral inmediata, pero falla en abordar los problemas estructurales que afectan la representatividad y la participación ciudadana en la política.

La discusión en torno a la reforma política debe examinar el asunto de la circunscripción nacional para el Senado. ¿Deberíamos dejarnos imponer las listas cerradas? Además, es crucial que la reforma no ignore la autonomía territorial, que actualmente se limita principalmente a la elección de alcaldes. En un contexto marcado por la corrupción, es válido preguntarse qué ha significado realmente la revocatoria del mandato en términos de efectividad y transparencia.

Asimismo, la reforma política no puede pasar por alto la importancia de una democracia participativa. Si esta funcionara adecuadamente, podríamos abordar nuestros problemas territoriales de manera más efectiva, facilitar la revocatoria de mandatos locales y defender mejor nuestros derechos. Sin embargo, la situación actual deja claro que no se está haciendo suficiente para fortalecer esta forma de democracia.

En conclusión, la comunidad clama por un cambio que dé “dientes” a la lucha contra la corrupción y que promueva una participación activa y significativa de los ciudadanos en el proceso democrático.

La reforma política debe ser un verdadero esfuerzo por revitalizar la democracia en el Atlántico, garantizando que la voz de los ciudadanos sea escuchada y considerada en cada decisión que les afecte.

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