La sombra del software espía Pegasus sigue acechando a Colombia, revelando un panorama inquietante donde la vigilancia se convierte en una herramienta de control.
La reciente denuncia sobre la adquisición de este software por parte de la Fiscalía General de la Nación (FGN) bajo el mandato de Iván Duque es un llamado urgente que no puede ser ignorado. Más que una simple irregularidad administrativa, esto expone una profunda corrupción que socava la confianza pública.
La revelación de que el software Pegasus fue licenciado a la Fiscalía General de la Nación (FGN) para su uso en el grupo de interceptación de control telemático suscita una serie de interrogantes inquietantes. ¿Cómo y por qué se optó por adquirir un sistema de espionaje tan potente y polémico, que opera sin dejar rastro? En un país donde la transparencia es más un deseo que una práctica, la opacidad en torno a esta compra es motivo de profunda preocupación. ¿Qué garantías tenemos de que no se abusará de esta herramienta, dada la historia de violaciones a los derechos humanos en Colombia?
La fiscal Angélica Monsalve ha hecho públicas sus preocupaciones a través de su cuenta en X, revelando que, en 2022, el exdirector del CTI, Alberto Acevedo, fue enviado a Israel bajo el pretexto de “vacaciones”, acompañado de Luis Fernando Lozano Mier y Gineth Romero, quienes son figuras clave en la estructura de control telemático. La insinuación de que este viaje se financió con recursos de la embajada de Israel plantea serias dudas. ¿Por qué un viaje de esta índole se realizó de forma informal y con tal falta de claridad? ¿Qué intereses se esconden detrás de este tipo de negociaciones?
La denuncia sugiere que Acevedo fue a Israel para “finiquitar” la compra del software. Lo que podría haberse presentado como un viaje ordinario se transforma en un oscuro episodio en la narrativa de corrupción que parece permear a las instituciones colombianas. ¿Quién dio la luz verde para este viaje y bajo qué circunstancias se llevó a cabo? Las preguntas no solo son pertinentes, sino que son urgentes. La falta de respuestas claras alimenta la desconfianza pública y resalta la necesidad de una rendición de cuentas efectiva en un contexto donde la ética institucional está en juego. ¿Estamos realmente dispuestos a aceptar la falta de transparencia y a quedarnos callados ante un asunto que podría comprometer la privacidad y seguridad de todos los ciudadanos?
Muchos interrogantes sin eco
El exfiscal general Francisco Barbosa, quien ha sido objeto de numerosas críticas y cuestionamientos durante su gestión, se encuentra en el centro de una tormenta mediática. La ciudadanía, en busca de claridad, ha presentado un derecho de petición que plantea interrogantes fundamentales: ¿Dónde se encuentran las pruebas que justifican la adquisición del software espía? ¿Se ha informado a la nueva fiscal general sobre la capacidad de Pegasus no solo para interceptar comunicaciones, sino también para realizar espionaje? La falta de respuestas concretas alimenta la sospecha de irregularidades en el seno de la Fiscalía.
Las inquietudes planteadas son serias y requieren atención inmediata. Si efectivamente se adquirió un software con capacidades de espionaje, surgen preguntas cruciales: ¿Quién tiene acceso a este sistema? ¿Desde qué lugares se está operando? La ausencia de transparencia en estos procedimientos representa un grave ataque a la democracia y a la privacidad de los ciudadanos colombianos.
La fiscal Angélica Monsalve ha hecho pública su solicitud de información al exfiscal Barbosa, invocando el artículo 23 de la Constitución. En su petición, plantea cuestiones incisivas:
- ¿Dónde están las pruebas que respaldan la compra del nuevo software?
- ¿Coincide el conflicto que usted inició con el Presidente a finales de 2022 con la adquisición de este software?
- ¿Es cierto que PEGASUS es operado por una empresa que utiliza una red privada en colaboración con la Fiscalía General, desde una oficina en el hotel TRYP, frente al búnker de la FGN?
- ¿Informó usted a la nueva fiscal general que el software utilizado en la sala de control telemático también tiene funciones de espionaje?
- ¿Es el software PEGASUS adquirido por el ex presidente Iván Duque distinto al que compró la Fiscalía, o se trata del mismo con diferentes licencias?
Si este último es el caso, explique por qué no se realizó la comunicación correspondiente, y no se escude en la justificación de que, al ser comprado con recursos de la partida secreta de Seguridad Nacional, no estaba obligado a hacerlo.
La sociedad no puede seguir callada. Es fundamental que la nueva fiscal general actúe de inmediato y asegure una investigación exhaustiva sobre el uso de Pegasus. La reputación de la institución y la privacidad de los ciudadanos están en riesgo. En un mundo donde la tecnología puede ser tanto un recurso como una amenaza, recae en los funcionarios públicos la obligación de garantizar que se utilice para salvaguardar derechos, y no para infringirlos.
Una respuesta que aún esta a la espera
El tiempo de actuar es ahora. La corrupción y la falta de ética no pueden seguir enraizadas en las instituciones que deben velar por la seguridad del país. La investigación sobre el uso de Pegasus debe ser prioritaria, y la población tiene el derecho de conocer la verdad.
Esta es una oportunidad para que la nueva administración demuestre su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas. La vigilancia no debe ser un arma contra el pueblo, sino una herramienta para su protección.
