En una grave acusación, pobladores del departamento de Córdoba han levantado la voz para denunciar que la reciente entrega de más de 8,400 hectáreas de tierras, en la que participaron el presidente Gustavo Petro y el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, no benefició a los verdaderos campesinos de la región.
Los afectados han calificado la ceremonia de entrega como una farsa y han señalado serias irregularidades en el proceso.
Los denunciantes afirman que los terrenos, que anteriormente habían sido arrebatados por figuras del paramilitarismo como alias «Macaco» y alias «Cuco», están siendo asignados a personas de otras regiones, en lugar de a los campesinos locales que realmente deberían recibir estas tierras. Según los testimonios recogidos, los beneficiarios llegaron en buses proporcionados por la Agencia Nacional de Tierras, lo que ha generado un sentimiento de desconfianza y frustración entre la población rural.
Los campesinos se preguntan: «¿Qué pasó con la tierra prometida?«, expresando su temor ante una situación que se suponía sería un paso hacia la reparación de las víctimas del conflicto armado. En lugar de justicia, muchos sienten que la entrega de tierras se ha visto empañada por acusaciones de favoritismo y falta de transparencia.
Esta situación pone en entredicho el compromiso del gobierno de devolver las tierras a sus verdaderos propietarios y evidencia la preocupación de que las decisiones sobre la distribución de tierras se están tomando de manera arbitraria, sin considerar las voces de las víctimas del paramilitarismo.
El clamor de los campesinos de Córdoba resuena no solo en la región, sino en todo el país, donde se cuestiona la eficacia de las políticas de reparación y restitución de tierras. La falta de inclusión y la percepción de que el proceso se está manipulando han llevado a los campesinos a exigir un diálogo abierto y efectivo con las autoridades, donde se escuchen sus demandas y se garantice una verdadera reparación.
A medida que la controversia se intensifica, los ojos del país se centran en la respuesta del gobierno y en la necesidad de garantizar que las tierras, que deben ser un símbolo de justicia y reparación, realmente lleguen a quienes han sufrido las consecuencias del conflicto armado.
La entrega de tierras no solo es un acto administrativo, sino un paso crucial hacia la reconciliación y la paz en el país, y es vital que este proceso se lleve a cabo con transparencia y equidad.
