La situación carcelaria en Barranquilla y su área metropolitana ha alcanzado niveles alarmantes de hacinamiento, convirtiéndose en una verdadera crisis humanitaria.
Con un hacinamiento del 377 por ciento en los Centros de Detención Transitoria (CDT), la capacidad de 282 cupos se ve desbordada por la presencia de 829 reclusos. Esta situación se agrava con condiciones deplorables de alojamiento, según reveló una inspección de la Personería Distrital, donde los presos duermen en condiciones insalubres y hacinadas.
El CDT Cordialidad muestra un hacinamiento del 238 por ciento, mientras que en el CDT Zonal alcanza el 196 por ciento. Similar panorama se observa en otras instalaciones como el CDT La Estrella, donde la capacidad se supera apenas en un 1.1 por ciento. Además, las estaciones de policía y URI también están saturadas, alojando a 348 presos en condiciones similares.
En cuanto a las cárceles principales de Barranquilla, la Cárcel Modelo y la Penitenciaría El Bosque, el panorama no es menos preocupante. La Cárcel Modelo, con capacidad para 454 detenidos, aloja a 525 personas, mientras que la Penitenciaría El Bosque, diseñada para 1150 privados de la libertad, actualmente alberga a 1238 presos. Esta sobrepoblación se traduce en un hacinamiento del 22 por ciento y 8 por ciento respectivamente.
La respuesta institucional no se ha hecho esperar. La Corte Suprema de Justicia ha convocado a los alcaldes de las ciudades capitales, junto con representantes de la Fiscalía, el Ministerio de Justicia, el Inpec y la Policía, para buscar soluciones urgentes a esta situación explosiva.
Además, la emergencia sanitaria se suma a los problemas de convivencia en estas instalaciones, donde se reporta una mezcla de detenidos por diversos delitos, desde homicidios hasta narcotráfico, lo que genera un ambiente de alta peligrosidad y promiscuidad delincuencial.
En medio de este panorama desolador, la Ley 2346 del 10 de enero de 2024 ha asignado a la USPEC competencias transitorias para mejorar la situación alimentaria en las estaciones de Policía, Unidades de Reacción Inmediata (URI) y similares hasta junio de 2025. A pesar de estos esfuerzos, persisten quejas sobre la calidad y suficiencia de la alimentación proporcionada a los internos, lo cual ha llevado a algunos familiares a optar por llevar comida directamente a los detenidos.
La urgencia de soluciones efectivas se hace evidente frente a esta crisis que compromete no solo los derechos de los detenidos, sino también la seguridad y la salud pública en Barranquilla y su entorno metropolitano.
