El presidente Gustavo Petro le ordenó a sus funcionarios notificar cualquier caso de corrupción a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado después de los casos que han enlodado su Gobierno.
Al reportarse los hechos de deshonestidad, la agencia estará obligada a adelantar acciones pertinentes, bien sea para defender en calidad de víctima a la entidad o intervenir en calidad de representación de los intereses de la nación.
La primera instrucción es: “En todos los procesos penales por delitos contra la administración pública y/o por actos de corrupción, las Entidades a las cuales va dirigida la presente directiva, deben desarrollar una estrategia de defensa jurídica bajo la coordinación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del estado”, indica un documento.
El texto también explica que la entidad involucrada debe notificar a la Fiscalía o la Corte Suprema y solicitar reconocimiento como víctima en el proceso penal. Los ministerios o sectores están obligados a entregar toda la información del caso a la ANDJE y esta procederá a convocar una mesa de trabajo en la que se define la estrategia de defensa. Cuando se haga esto, la agencia estará obligada a entregar un informe periódico a la mesa para documentar corrupción que anunció el gobierno nacional en medio del escándalo de la unidad nacional de gestión del riesgo.
