Suspensión preventiva de 23 Centros de Enseñanza Automovilística por presuntamente reportar en el RUNT información de clases dictadas por instructores

La SuperTransporte ordenó la suspensión preventiva de 23 Centros de Enseñanza Automovilística por presuntamente reportar en el RUNT información de clases dictadas por instructores fallecidos.

La Superintendencia de Transporte, en la presente administración, ha venido implementando una estrategia especial, con apoyo del Sistema de Control y Vigilancia y la aplicación de analítica de datos, buscando verificar el cumplimiento de las obligaciones que tienen a cargo los Centros de Enseñanza Automovilística – CEA que operan en el país.

Como resultado de las acciones implementadas, se tiene que desde finales de 2022 se han sancionado 110 Centros de Enseñanza Automovilística. En la actualidad hay 152 investigaciones en curso y 350 actuaciones preliminares por presuntos incumplimientos de las normas aplicables a su actividad.

Este ejercicio le ha permitido a la Superintendencia identificar como conductas más recurrentes, entre otras, las siguientes: (i) expedir certificados sin la comparecencia de aprendices, (ii) alterar o modificar la información reportada ante el RUNT y (iii) no suministrar la información requerida por esta Autoridad.

Una de las conductas más graves detectadas es el reporte de las clases ante el RUNT sin haber sido efectivamente dictadas, incurriendo tanto los CEA, como los instructores y aprendices, no sólo en una presunta violación de las normas que regulan la materia, sino en posibles conductas penales por suplantación y/o fraude.

Ante las inconsistencias en los reportes de 23 de estos organismos de apoyo al tránsito en el RUNT y al detectar que presuntamente habrían cargado información de clases impartidas por instructores que para la fecha ya habían fallecido, se ordenó como medida preventiva, la suspensión de su registro ante el RUNT.

La medida de suspensión preventiva implica que, a partir de la fecha de su notificación, estos no pueden admitir ni registrar nuevos estudiantes. No obstante, para proteger a los usuarios que se encuentran tomando el curso a la fecha de imposición de la medida, el CEA deberá garantizarles que culminen la capacitación, lo cual en todo caso no podrá exceder de 90 días.

La seguridad vial y la legalidad en el sector transporte son prioridades para la Superintendencia de Transporte. Por esa razón, implementó, además, la campaña denominada #EnseñaConLegalidad, para reiterar a los CEA algunos de sus deberes y socializar con los usuarios del servicio que estos ofrecen (aspirantes a obtener la licencia de conducción), sus derechos y deberes, ya que de su adecuado comportamiento depende su vida y la de los demás actores viales.

Ante las numerosas quejas que recibe la Superintendencia de Transporte sobre presuntos incumplimientos de las obligaciones de estos organismos de apoyo al tránsito, la Entidad ha venido implementando una estrategia que busca verificar el cumplimiento de las normas sobre la prestación del servicio de capacitación de conducción; (i) tanto de mantenimiento de los requisitos iniciales de obligatorio cumplimiento para la obtener la habilitación y/o registro en el RUNT, como del (ii) cumplimiento de los requisitos de operación, especialmente la observancia estricta de sus deberes a la hora de validar rigurosamente la identidad de los aspirantes al momento de dictar las clases, y (iii) el reporte de información veraz en el RUNT.

Este ejercicio ha evidenciado inconsistencias en los reportes de 23 CEA en el RUNT, al detectar que presuntamente habrían cargado información de clases impartidas por instructores que para la fecha ya habían fallecido. Por tales circunstancias se iniciaron investigaciones administrativas ordenando como medida preventiva la suspensión de su registro ante el RUNT.

Para la Superintendente de Transporte, Ayda Lucy Ospina Arias, “la responsabilidad de la seguridad vial en nuestro país es de todos, pero la función que cumplen los Centros de Enseñanza Automovilística es fundamental para proteger la vida, pues tienen en sus manos la capacitación y certificación de los conductores que se movilizan y que van a movilizarnos por las vías. Cuando existe ilegalidad en su actividad se pone en riesgo la integridad de las personas y por eso debemos ejercer de manera rigurosa nuestras funciones de inspección, vigilancia y control sobre estos organismos de apoyo al tránsito. Con el proceso de transformación digital en el que se encuentra inmerso la Superintendencia, buscamos fortalecer la transparencia en los procesos a cargo de estos entes”.

Es importante destacar que la Superintendencia, en ejercicio de sus funciones de inspección, vigilancia y control, continuará procesando y analizando información que los CEA han reportado en el pasado a los registros y sistemas de información dispuestos para ello, especialmente al RUNT, con el objetivo de determinar la veracidad y coherencia de la data que estos han cargado y están cargando en el registro público. Conforme esta Autoridad detecte inconsistencias en los reportes, ordenará e iniciará las actuaciones administrativas a que haya lugar.

Los resultados del proceso de verificación de datos e información de dicha estrategia generan preocupación, dada la responsabilidad que tienen los CEA al ser los únicos entes autorizados por la ley para certificar que un aspirante a obtener una licencia de conducción cuenta con aptitudes y conocimientos para realizar la actividad de riesgo de conducir vehículos.

La estrategia que la Superintendencia de Transporte está impulsando, a raíz de los hallazgos evidenciados, viene de la mano con la campaña denominada #EnseñaConLegalidad, mediante la cual busca recordar a los Centros de Enseñanza Automovilística, los deberes que deben observar a la hora de cumplir su función, y a su vez, informar a los usuarios (los aspirantes a obtener una licencia de conducción) sus derechos y deberes y especialmente la obligación que les asiste de tomar el curso en su totalidad (teórico y práctico) y no prestarse para la violación de las normas existentes, advirtiendo que dicha conducta los expone a investigaciones y sanciones administrativas y penales.