Reveladores Chats involucran a patrullero asesinado en Santa María con bandas de microtráfico de droga en Barranquilla y Soledad

Son varias las pistas que siguen las autoridades para establecer los móviles y dar con los responsables del asesinato del patrullero de la Policía Metropolitana de Barranquilla, Jaider Gregorio Amador Quessep, de 32 años, ocurrido el pasado viernes 17 de mayo.

Uno de los posibles móviles que investigan las autoridades tiene que ver con unos mensajes de un grupo de WhatsApp que vincularían a Amador Quessep con estructuras dedicadas al tráfico de droga en Barranquilla y Cartagena.

El crimen del uniformado, quien hizo parte de la Unidad Antinarcóticos de la institución armada y ahora era el encargado de la vigilancia de la carceleta de la Estación El Bosque, fue perpetrado en la mañana del viernes mientras visitaba a su familia en San Luis, un humilde barrio de la localidad Metropolitana de Barranquilla.

Toda la acción cometida por el criminal quedó registrada en un video de una cámara de vigilancia

Aunque los móviles del atentado aún son indagados, se pudo confirmar que una de las primeras pistas que se siguió sobre el crimen del patrullero fue la relacionada con su actual cargo.

Agentes de la Sijín y el CTI de la Fiscalía intentaron moverse hacia esa dirección, queriendo verificar si existía alguna relación de sus funciones y posibles amenazas de presos en la estación policial.

Pero luego, la misma Policía, de manera interna, manejó la versión de que el uniformado Amador Quessep estaba “presuntamente vinculado con actores delincuenciales que tienen presencia en el área metropolitana de Barranquilla”.

Por ello se fueron a la hoja de vida del uniformado y encontraron que este había prestado servicio en la Unidad Antinarcóticos de la Policía Nacional, pero hacia el año 2020, con una pandemia en curso, fue desvinculado y trasladado al Caribe. Al parecer, superiores no confiaban en su labor.

Otra pista por la que se hacen averiguaciones es la del manejo de un picó llamado ‘El Kike’. Esa máquina de música, según testigos, había sido adquirida por el uniformado luego de un pago que rondó los 150 millones de pesos.

Fuentes de la institución armada señalaron que resultarían “evidentes” una serie de gastos personales del patrullero que serían de “difícil justificación”.