El ecosistema Pajonal, ubicado en el área donde actualmente se desarrollan los proyectos inmobiliarios de Ciudad Mallorquín liderados por el Grupo Argos, se ha convertido en el epicentro de un conflicto urbano-ambiental sin precedentes en Barranquilla y sus municipios metropolitanos.
Esta situación ha generado una defensa aguerrida por parte de la sociedad civil, quienes buscan proteger los bienes comunes y la calidad de vida de los ciudadanos.
En una ciudad que se ha ganado apodos como “la ciudad milagro” y “la ciudad de moda”, las narrativas de desarrollo siempre han girado en torno a la construcción y el cemento. Sin embargo, esta defensa del ecosistema Pajonal plantea la necesidad de abordar problemas estructurales, como la injusticia social y la inseguridad, de una manera más integral.
El conflicto se ha intensificado debido a las intervenciones inmobiliarias de Argos en predios donde se encuentran ecosistemas costeros. Existen cuestionamientos sobre cómo se adquirieron estas tierras, pero la ley colombiana establece que la protección del medio ambiente es de utilidad pública. La Ley 23 de 1973 y el Decreto 2811 de 1974 subrayan la importancia de la preservación de los recursos naturales renovables como interés social.
Líderes de opinión pública y ciudadanos de diversos sectores se han unido en una resistencia social no violenta, no solo en defensa de la naturaleza sino también de la calidad de vida urbana. Esta causa ha sacado a la luz interferencias corporativas en los planes de ordenamiento territorial y beneficios tributarios cuestionables para Argos. Además, se ha denunciado la irresponsabilidad de las autoridades ambientales al permitir que las aguas residuales de los proyectos inmobiliarios se viertan directamente al río Magdalena.
La lucha ha logrado avances significativos: la Procuraduría General de la Nación ha calificado la situación como una “catástrofe ambiental”, la Fiscalía ha iniciado investigaciones y el Concejo de Barranquilla ha solicitado la actualización del Plan de Ordenamiento Territorial. La Corporación Autónoma Regional del Atlántico también revisará y ajustará el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca hidrográfica de la Ciénaga de Mallorquín, y la ministra de Medio Ambiente ha anunciado la creación de una comisión técnica para evaluar las afectaciones al humedal Ramsar de la ciénaga.
No obstante, la pregunta crucial persiste:
¿podremos evitar que continúen urbanizando en las 130 hectáreas restantes del ecosistema Pajonal?
Esta es una lucha que necesita el apoyo de todos, incluyendo a los actuales habitantes de Ciudad Mallorquín, quienes han comprado sus propiedades de buena fe.
La defensa de la naturaleza es una causa común que busca prevenir un desastre ecológico mayor.
