Los magistrados de la Justicia Especial para la Paz (JEP) ordenaron a Ecopetrol entregar antes del 25 de mayo la información existente sobre las relaciones que presentaron entre exfuncionarios de la refinería ubicada en Barrancabermeja (Santander) y la fuerza pública entre 1988 y 2006, en el marco de una investigación por victimización a la sociedad civil y defensores de Derechos Humanos.
Por Camilo Ernesto Silvera Rueda – Redacción Política / EL FRENTE
De acuerdo con el pronunciamiento del tribunal de justicia transicional, la orden de la Sala de Reconocimiento de la JEP también solicitó a Ecopetrol información sobre 40 personas que, según expedientes de Justicia y Paz e informes de víctimas, tuvieron vínculos con Ecopetrol y nexos con grupos paramilitares en el Magdalena Medio durante el conflicto armado, en un aparente ejercicio de victimización a líderes sociales, líderes sindicales, y miembros de la comunidad, dentro y fuera de las instalaciones de la Estatal Petrolera.
La orden de la Sala de Reconocimiento de Verdad se da en el marco del Caso08, que investiga los crímenes cometidos por la fuerza pública o agentes del Estado en asociación con paramilitares o terceros civiles, como parte del subcaso Magdalena Medio.
¿Intentan silenciar?
Las investigaciones sobre el macrocaso No. 8 en la subregión del Magdalena Medio tomaron relevancia recientemente debido al atentado del que fue víctima, en la ciudad de Barrancabermeja, una integrante de la Corporación Regional Para la Defensa de los Derechos Humanos (CREDHOS), quien desde hace varios años se encuentra en la lista de víctimas colectivas acreditadas en el subcaso Magdalena Medio del Caso 08 que investiga los crímenes cometidos por la fuerza pública, agentes del Estado en asociación con grupos paramilitares, o terceros civiles en el conflicto armado.
El atentado ocurrió el pasado 13 de febrero cuando hombres no identificados a bordo de una motocicleta, arrojaron un artefacto explosivo contra su vivienda. Aunque la integrante de CREDHOS no se encontraba en casa en el momento del incidente, tres de sus familiares resultaron heridos, incluyendo un menor de edad.
Lo curioso del asunto es que el atentado ocurrió tres días después de la versión voluntaria que presentó el excapitán del Ejército, José Eduardo González Sánchez, antiguo coordinador del Departamento de Seguridad de Ecopetrol.
Durante los días 8 y 9 de febrero, en Bogotá, el compareciente vinculado al Caso 08, habló frente a la JEP, CREDHOS y 26 víctimas de distintos crímenes ejecutados por los paramilitares en asociación con agentes del Estado en el Magdalena Medio.
Por ejemplo, durante la diligencia, entre otros detalles, González Sánchez le narró a la magistratura de la JEP cómo surgió y se consolidó la alianza que facilitó la comisión de estos crímenes, además, respondió las preguntas sobre dos de las masacres más emblemáticas de la toma paramilitar del puerto petrolero, la del 16 de mayo de 1998 y 28 de febrero de 1999.
A la fecha, la JEP, en el Caso 08, subcaso Magdalena Medio, ha acreditado tres grupos de víctimas colectivas y 97 víctimas individuales, en su mayoría, por hechos ocurridos en Barrancabermeja, Barbosa, Cimitarra y Simacota.
Cabe recordar que de las seis masacres perpetradas en Barrancabermeja, la ocurrida el 16 de mayo de 1998 dejó siete personas asesinadas y 25 desaparecidas. A la fecha, 11 cuerpos han sido entregados a sus familias y 14 continúan sin información de ellos. Las víctimas de estas masacres están acreditadas en el Caso 08 y han presentado solicitudes de medidas cautelares ante la JEP, tanto para proteger su vida e integridad y su derecho de acceder a la justicia, como para proteger los cementerios de Rionegro y Cimitarra, donde se presume podrían hallarse sus familiares desaparecidos.
